El Parlamento boliviano tramita una reforma legal para aumentar la protección a víctimas de violencia doméstica, incluidos menores, para que jueces y policías actúen con mayor celeridad evitando que tengan que convivir con el agresor.
El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, explicó ayer los cambios más destacados que introduce el Proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal.
Borda destacó en rueda de prensa que el año pasado hubo en Bolivia 79.078 denuncias por «violencia intrafamiliar», de las que 25.857 se cerraron generalmente mediante conciliaciones entre las partes, pero «ninguna o pocas» llegaron a una sentencia.
Esto conlleva, según sus palabras, a que no existe una aplicación efectiva de la ley boliviana de 2013 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Por ello, el proyecto en tramitación prevé que en un máximo de 24 horas se decreten medidas de protección a la víctima, en vez de tener que esperar «veinte, treinta días» como ahora, según Borda.
El presidente destacó que la Policía, la Fiscalía e instituciones de protección a víctimas podrán aplicar estas medidas «de manera inmediata», para evitar que el agresor siga en el domicilio «en contacto directo con la víctima» o en su entorno «realizando actos hostiles».
Otro de los cambios establece que no será necesario el informe de un forense, que no siempre es accesible en todo el país, lo que conlleva que muchas veces las pruebas se pierdan por la demora en conseguirlo, advirtió el presidente.
Un médico de cualquier institución pública, aunque no sea forense, podrá emitir el certificado en casos como las agresiones a menores, indicó.
La reforma amplia de 10 a 20 años la pena de cárcel la pena por homicidio, frente al mínimo actual de 5, que en caso de menores será ampliada de 14 a 25 años.
Además, otorga a los jueces que traten casos de violencia familiar la competencia para conceder divorcio y la custodia de los hijos si lo reclama la mujer que denuncie una agresión, señaló el presidente.
El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció nuevas medidas legales para frenar la violencia contra las mujeres en el país.
Una de ellas fue un proyecto de ley para modificar los tipos penales de violación y homicidio, después de que en Bolivia se contabilizaran en 2018 al menos 128 muertes de mujeres en manos de sus parejas.