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jueves, abril 25, 2024
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Bolivia ve sesgo político en informe de EEUU sobre el tráfico de personas

El presidente boliviano, Evo Morales, calificó ayer de «pataleo» del Gobierno de Donald Trump el informe en el que acusa a Bolivia de no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de personas y afirmó que EE.UU. no tiene autoridad para certificar sus acciones al respecto.

«Yo siento que es un pataleo del Gobierno de Trump para querer acusar a partidos políticos, gobiernos que no obedecemos esas políticas económicas de saqueo, de intervencionismo», afirmó Morales en una rueda de prensa en La Paz.

El gobernante defendió que el país ha dado «pasos importantes» en la lucha contra la trata de personas y sostuvo que Estados Unidos «no tiene ninguna moral, ni autoridad, ni legalidad» para hacer acusaciones contra Bolivia al respecto.

Señaló que las migraciones y el tráfico de personas son consecuencia de las guerras, por lo que reiteró que «no tiene ninguna autoridad Estados Unidos para hablar de estos temas».

El Departamento de Estado estadounidense presentó la semana un informe anual en el que incluyó a Bolivia y Birmania en su «lista negra» de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas.

La inclusión en la «lista negra» del informe puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa a que reciban préstamos de instituciones multilaterales si el presidente Trump así lo decide.

Bolivia había estado en una lista de observación durante cuatro años consecutivos y, en cumplimiento de una ley contra el tráfico de personas de 2010, este año el Departamento de Estado tuvo que incluir al país en su «lista negra», aunque reúne las características para seguir en sobre aviso, según el informe.

Según Morales, las autoridades estadounidenses «usan la trata y tráfico de personas» porque ya no pueden descertificar a Bolivia «en la lucha contra el narcotráfico» por los logros alcanzados en esa área «con esfuerzo propio» y sin la presencia en el país de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

A su juicio, Estados Unidos no descertificará a Colombia en la lucha antidrogas «porque es su aliado político», pese a que esa nación registró en 2017 más de 200.000 hectáreas de plantaciones de hojas de coca, la base para fabricar cocaína.

«Como nosotros no somos su aliado político, usan cualquier término para querer descertificar, pero repito nuevamente, no tienen ninguna legalidad para certificar a ningún país de América Latina», insistió.

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