El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le dio un claro respaldo al ministro de Justicia, Sergio Moro, frente a las sospechas surgidas sobre su actuación como juez en el proceso que llevó a la cárcel a Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro, el mayor antagonista político de Lula, recibió a Moro para una reunión privada en su residencia oficial y luego juntos embarcaron en una lancha para atravesar el lago Paranoá de Brasilia y asistir a una ceremonia en la que el ministro fue condecorado.
Aunque no hizo declaraciones públicas, Bolsonaro respaldó así a Moro ante un escándalo surgido de mensajes obtenidos por el portal The Intercept Brasil que el ahora ministro de Justicia intercambió, en su condición de juez, con fiscales de la operación Lava Jato en torno al proceso en el que halló a Lula culpable de corrupción.
Los mensajes, transmitidos por Telegram, llegaron a The Intercept gracias a un «hacker» anónimo que intervino los teléfonos de Moro y algunos fiscales y sugieren que el entonces magistrado pudiera haber orientado algunas acciones de la investigación contra Lula, lo cual está expresamente prohibido por la ley.
La aparición de esos mensajes ha dado alas a la defensa de Lula y al Partido de los Trabajadores (PT), que siempre denunciaron que el expresidente había sido víctima de una «persecución política» y que el juicio en su contra estaba «viciado» y debía ser declarado nulo.
De hecho, el jefe del equipo de abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins, subrayó este martes que esos mensajes serán utilizados para «reforzar» ante la Justicia sus solicitudes de «nulidad del proceso» y de «declaración de inocencia» e inmediata liberación de Lula, en la cárcel desde abril del año pasado.
El expresidente ya ha sido informado sobre el nuevo giro que ha dado el caso y, según otro de sus abogados, Jose Roberto Batochio, «quedó sorprendido» por «la rapidez con que la verdad fue revelada» y por «el elevado grado de promiscuidad en los diálogos entre quien juzga y quien acusa».
En el PT, la reacción fue la misma. «Lula ha sido víctima de una asociación criminal dirigida por Moro», dijo a Efe la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, quien exigió la dimisión del ministro, que en ese cargo es responsable por la Policía Federal, que investiga la filtración de los mensajes y su veracidad.
«¿Cómo puede la Policía Federal ser dirigida por quien tiene que ser investigado?», planteó Hoffmann.
La defensa de Lula confía ahora en una apelación que presentó el año pasado a la Corte Suprema, en la que pedía justamente la nulidad del proceso debido a lo que calificaba de «parcialidad» por parte de Moro y los fiscales de la Lava Jato.
Ese recurso está en manos de la Segunda Sala del Supremo, que a fines del año pasado inició su análisis pero suspendió la audiencia cuando dos de sus cinco miembros habían votado por negarlo, aunque pueden cambiar su opinión hasta tanto no se proclame un resultado.
El juez Gilmar Mendes, quien en esa ocasión pidió más tiempo para estudiar el caso, anunció este martes que la Segunda Sala retomará el asunto el próximo día 25, y lo hará bajo una «nueva situación».
Mendes comentó incluso un debate que se ha abierto en el medio jurídico acerca del posible uso de pruebas obtenidas de una forma ilegal, como sería el caso de los mensajes publicados por el portal The Intercept.
«No necesariamente son pruebas nulas. Si, por ejemplo, se obtiene de forma ilegal una prueba que demuestra la inocencia de una persona condenada por asesinato, generalmente se considera válida», dijo.
Según Moro y los fiscales de la Lava Jato, no es así y lo «grave» en este asunto es que teléfonos de «autoridades» fueron intervenidos en forma ilegal.
El ministro ha dicho que esos mensajes son «incompletos», han sido «quitados de contexto», que «no hay nada» en ellos y que un juez «normalmente» conversa con los fiscales de un caso, así como con los abogados de defensa.
El fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la Lava Jato, y que también es investigado por ese asunto, respaldó a Moro y aseguró que en los mensajes no hay nada que sugiera «parcialidad» por parte del Ministerio Público o el juez y que su divulgación pretende «atacar» a la «más exitosa operación anticorrupción» realizada en Brasil.