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miércoles, octubre 27, 2021
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Cabe anular prórroga de diputados y senadores

Las prioridades de la salud y la vida de ninguna manera debieran ser motivo de controversia, pero en nuestro país se dan extremos de irracionalidad, como las exigencias del MAS para que en plena pandemia el pueblo acuda a las urnas. Estas actitudes encuentran respaldo en grupos de activistas del engaño y la perversión de principios legales, así como de grupos que no dudan en organizar manifestaciones propiciando más contagios, y hasta acciones de hecho, agrediendo a médicos que trabajan para salvarles la vida.

Inclusive en la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional y el Órgano Electoral se discuten estas prioridades, desconociendo la Constitución Política del Estado que determina que los ciudadanos tienen derecho a participar en elecciones libres, en igualdad de condiciones, bien informados, y sin impedimentos, condiciones que no existen en este momento porque nadie en su sano juicio se expondrá al contagio del coronavirus.

¿El voto o la vida?

Por lo tanto, en unas elecciones inmediatas, el ausentismo sería mayoritario. Ningún jurado ni vocal pondrá en riesgo su vida para cumplir el capricho de «políticos corruptos», por lo tanto, no habrá control ni certidumbre en unas elecciones, como las que organizó el MAS -calificadas por la OEA «fraudulentas»- en octubre del año pasado.

Diversas instituciones representativas de la comunidad, partidos políticos y personalidades se han pronunciado poniendo énfasis en que primero está la preservación de la salud. La Iglesia Católica sostiene que la carrera electoral no es más importante que la vida. La Conferencia Episcopal Boliviana, mediante un documento, hace un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, a no actuar con cálculos políticos y crear espacios de diálogo y concertación, como también a todos los bolivianos, evitar toda actitud de confrontación.

Por otra parte, varios científicos han advertido que la forma como está afectando el coronavirus a la población, representa una amenaza contra la salud y la vida, y presionar para obligar a las personas a ir a votar, significa atentar contra esos derechos, y viola también el derecho a las personas de ejercer su derecho al voto, al verse impedidos por enfermedad o por riesgo. (Se diagnostica que hasta agosto unas cuarenta o cincuenta mil personas estén afectadas por la pandemia, muchos internados, varios propensos a la muerte). ¿En esas condiciones quieren que se realicen elecciones cuanto antes?

La delicadeza del problema, en este momento se encuentra bajo la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Ambas instancias tienen facultad para dar una solución en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado.

El TCP puede hacer respetar el derecho ciudadano, al acatamiento de partidos políticos a la Constitución Política del Estado, la salud y la vida, pero en forma inmediata dejar sin efecto la prórroga de diputados y senadores, que están cuestionados, no tienen legitimidad constitucional, son una remora para el sistema democrático.

El TSE, también tendrá la oportunidad de ejercer sus atribuciones constitucionales como Órgano responsable, administrador y ejecutor de los comicios, de fijar la fecha de las elecciones cuando haya condiciones.

Mientras tanto, debería tramitar la inconstitucionalidad de la Ley 421. Anteriormente, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional dejar sin efecto la Ley 421 que resta atribuciones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que dispone que la votación emitida por cada ciudadano no tenga el mismo valor para todos, de acuerdo a la región donde se sufrague.

El Conade señala: «La Ley en cuestión 421, emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, al asignar arbitrariamente los escaños y otorgar mayor alcance porcentual al voto rural, no sólo que se arrogó atribuciones de otro Órgano de poder como es el Órgano Electoral, sino que está atentando derechos de la mayoría de los ciudadanos porque le resta valor a su votación».

El pueblo se dio cuenta que la presidenta Añez, en lugar de mostrarse como una mandataria que no está de acuerdo con la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, desvaloración de la lucha revolucionaria de los jóvenes, incurre en los mimos afanes propagandísticos de su antecesor.

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