El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, exigió al Gobierno que emita una ley de amnistía para la liberación de todos los «presos políticos», de lo contrario impulsará «la revocatoria» del mandatario Luis Arce.
En un emotivo discurso que duró casi una hora y que acompañó con varios videos con los que denunció la «represión» que sufre la principal región de Bolivia por parte del Gobierno, al que acusó de «asesino», Calvo hizo al menos seis preguntas a los asistentes para promover «reformas estructurales», rechazar la «persecución política» y «defender» la democracia.
Un «nuevo grito de guerra ha nacido en este cabildo que se llama unidad», dijo en el Cristo Redentor, un sitio simbólico de la ciudad de Santa Cruz, ante un multitudinario cabildo, que también se realizó en varias ciudades de los nueve departamentos del país por iniciativa de los comités cívicos y plataformas ciudadanas.
«Estoy con sed de justicia y ansias de libertad, también soy un preso político y perseguido político», dijo el líder cívico al iniciar su discurso.
Las palabras de Calvo estuvieron plagadas de críticas y cuestionamientos contra el Gobierno de Arce, el Movimiento al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales y la Policía, y señaló que su región sufre de un «racismo selectivo que se premia desde el centralismo».
«En Bolivia tenemos un Gobierno delincuente, delinque porque nos ha robado la libertad, porque ha secuestrado la justicia, porque ha violado la Constitución, porque ha asesinado los derechos humanos, que no nos quede la menor duda de que estamos gobernados por delincuentes», señaló.
Revocatorio de Arce
Calvo reiteró que la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a finales de diciembre pasado fue un «secuestro» y recordó que el opositor fue uno de los que lideró «la lucha de los 21 días en 2019», que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia entre denuncias de fraude electoral a su favor, que para el oficialismo fue un «golpe de Estado».
En ese sentido, preguntó: «¿Están ustedes de acuerdo con exigir al Gobierno de Luis Arce que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía que en un plazo no mayor de 30 días determine la liberación?» de los más de «180 presos políticos» en Bolivia, entre los que citó a Camacho, a la expresidenta interina Jeanine Áñez y el exlíder cívico Marco Pumari.
Entre gritos y aplausos el cabildo, a consulta de Calvo, aprobó que de no aprobarse esa ley impulsará «un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora a partir de mayo próximo, por constituir su Gobierno un régimen dictatorial y antidemocrático».
Reformas estructurales
A lo largo de su discurso, Calvo denunció la «represión» por parte de la Policía contra la población de Santa Cruz, que entre octubre y diciembre estuvo en paro por 36 días para exigir que el censo de población se realizara en 2023 y no en 2024 como dispuso el Gobierno, y luego en las protestas que se derivaron tras la detención del gobernador.
«Han ordenado masacrar a la población de Santa Cruz», afirmó Calvo al responsabilizar al Gobierno por la muerte de un hombre fallecido presuntamente por el disparo de un policía en diciembre pasado y denunció que «este crimen con color verde olivo ha quedado sin castigo y sin resarcimiento».
En ese sentido, sometió a la aprobación del cabildo la creación de una «guardia departamental» para que «proteja a la población y resguarde el patrimonio departamental».
Entre los seis planteamientos también preguntó si estaban de acuerdo con que se apruebe «una ley autonómica para el establecimiento del defensor del pueblo departamental, una institución especial e independiente para la defensa, monitoreo, protección y promoción de los derechos y garantías».
Asimismo, en el cabildo se acordó exigir una reforma constitucional para que los jueces y fiscales sean ciudadanos «honestos» y «bien pagados» y que se presente una ley al Parlamento para que las asambleas legislativas regionales puedan «elaborar y aprobar» ternas autonómicas para preseleccionar candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y consejeros del Consejo de la Magistratura.
«Tenemos a la justicia en nuestra contra. En lugar de buscar justicia, en Bolivia tenemos que huir de ella, la justicia nos persigue, nos atemoriza, nos extorsiona», dijo Calvo para añadir que el Gobierno la «secuestró» para «imponer un régimen del terror».
Finalmente, el cabildo acordó que para las próximas elecciones los partidos opositores presenten una única candidatura para «recuperar la libertad» y devolver la «justicia a todos los bolivianos».