Sectores afines al oficialismo se congregaron este viernes en un cabildo en Santa Cruz para defender al Gobierno de intentos «desestabilizadores» como el «paro golpista» que está previsto que inicie a las cero horas de este sábado en esa región.
El denominado «cabildo del pueblo» inició este viernes a las 17:00 entre música y bailes con la premisa de que «no van a permitir ninguna desestabilización» del Gobierno.
Cientos de personas e integrantes de sectores sociales y gremiales coreaban «no al paro, no al paro».
Uno de los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) Humberto Claros, dijo a EFE que el «cabildo del pueblo» es en «repudio al paro golpista de la oligarquía cruceña».
Claros señaló que junto a varias organizaciones se han hecho presentes para «defender» al Gobierno y que «no va a ver un nuevo golpe de Estado a partir de supuestos paros que están intentando bajo el pretexto del censo para 2023».
«Señor (Rómulo) Calvo hágase a un costado y si se cree cruceño ame a Santa Cruz y deje que siga el progreso de nuestro departamento», afirmó ante la multitud la secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, Felipa Montenegro.
Resolución del cabildo
Los sectores afines al oficialismo aprobaron una resolución de cinco puntos, entre los que expresaron su «rotundo» rechazo «al paro indefinido y cualquier medida de presión» y que «paren las intenciones de desestabilización del Gobierno nacional».
«Están de acuerdo en que el pueblo organizado y movilizado defienda la economía ante el intento de las elites cruceñas de generar nuevamente pobreza y hambre en las familias bolivianas», fue la primera de las consultas que sometieron a la aprobación de los asistentes.
También aprobaron que el Gobierno debe «garantizar» los «derechos al trabajo y la libre circulación» de todos los bolivianos.
Asimismo, dijeron que «debe prevalecer el diálogo» y avalaron la propuesta del Gobierno de una nueva distribución de los recursos con los datos preliminares del censo.
Fallida propuesta
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, propuso este viernes una nueva distribución de los recursos que se aplicará en 2024 con los datos preliminares del censo, que se estima se realice en abril de ese año, con medida para frenar el paro indefinido en Santa Cruz.
La ministra sostuvo que con este anuncio se responde a la «principal demanda» de las organizaciones cívicas de Santa Cruz que durante este tiempo expresaron la necesidad de la realización de la consulta en 2023 para que sus datos sirvan para el diseño de políticas educativas y de sanidad.
Posteriormente, la ministra de la Presidencia dio a conocer una carta dirigida al presidente del Comité Impulsor del Censo 2023, Vicente Cuéllar, invitándolo a «retomar la mesa del diálogo» en una reunión a última hora de este viernes.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, junto a Cuéllar y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dio una rueda de prensa desde su casa, donde está en detención domiciliaria, en la que descartó la asistencia a la reunión y señaló que mientras «no haya una hoja en blanco» para dialogar sobre el censo «el paro se mantiene».
La semana pasada el Gobierno de Luis Arce ya había convocó a los líderes cruceños a exponer sus argumentos a la exigencia de que el censo se realice en 2023. Sin embargo, declinaron su asistencia a las mesas técnicas.
En julio pasado el Gobierno postergó la realización del censo para 2024, que inicialmente estaba previsto para noviembre de este año, bajo los argumentos de la «calidad» de los datos y la necesidad de «despolitizar» el proceso.
Del censo de población y vivienda depende una nueva distribución de ingresos fiscales junto a la asignación de nuevas cuotas de representación política en el Parlamento.
Por otro lado, el Gobierno estima que con el paro el departamento de Santa Cruz perderá alrededor de 36 millones de dólares al día por la paralización de sus actividades.