La destitución de un ministro que hasta el año pasado presidía el partido del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, pondrá a prueba a su base parlamentaria, en momentos que el Gobierno intenta imponer sus primeras reformas de envergadura.
La caída de Gustavo Bebianno, hasta el lunes ministro de la Secretaría General de la Presidencia, fue producto de un proceso traumático, que se prolongó durante casi una semana y en el que se involucró hasta Carlos Bolsonaro, hijo del presidente y concejal en la ciudad de Río de Janeiro.
Antes de asumir el ministerio, el pasado 1 de enero, cuando fue investido del cargo el nuevo mandatario, Bebianno era presidente del Partido Social Liberal (PSL), una minúscula formación conservadora que sirvió de plataforma electoral al líder de la ultraderecha.
Durante las primeras semanas de Bolsonaro en el poder, Bebianno se mantuvo como hombre de confianza del mandatario y asumió en parte las relaciones con la base parlamentaria del PSL, pero sospechas de delitos electorales en la campaña de ese partido minaron su relación con el gobernante.
Las denuncias cobraron fuerza en la prensa y allegados al jefe de Estado se hicieron eco en las redes sociales, al punto de que Carlos Bolsonaro entró en la discusión a través de Twitter y sin medias tintas acusó a Bebianno de «mentiroso».
Desmintió así que el ahora exministro hubiese hablado «tres veces» en un día con Jair Bolsonaro, quien estaba hospitalizado, como él había declarado a la prensa, y añadió además un audio de su padre en una tensa conversación con Bebianno.
Ese audio fue publicado también en sus redes sociales por el propio presidente, quien en una entrevista una vez que dejó el hospital también dijo que Bebianno había «mentido», con lo cual pareció sentenciar su destitución, confirmada este lunes.
Más allá de la salida fulminante de un ministro con menos de mes y medio de Gobierno, el asunto puede entrañar problemas en la base parlamentaria oficialista, en la que Bebianno mantiene influencia.
El senador Sérgio Olímpio Gomes, conocido como «Mayor Olimpio», importante dirigente del PSL y jefe de esa formación en la Cámara Alta, lamentó la situación, admitió que ha generado cierto malestar en la base oficialista y criticó en particular la participación en el asunto del hijo menor del presidente.
«No creo que haya problemas» en el Parlamento, pues el presidente «tiene derecho a nombrar o destituir a quien sea», pero «un hijo debe hacer el papel de hijo», declaró el mayor Olimpio, quien además abogó sin éxito por la permanencia de Bebianno en el Gobierno.
Tampoco aprobó la actuación de Carlos Bolsonaro el vicepresidente Hamilton Mourao, general de la reserva que consideró que si el jefe de Estado «quisiera a su hijo» en el Gobierno le habría ofrecido un cargo.
Según Mourao, «si hay ropa sucia se lava en casa» y el hecho de que un hijo del mandatario «tome cierto protagonismo no es bueno».
Si bien el conato de crisis en el Gobierno parece haber sido zanjado con la destitución de Bebianno, existen dudas sobre el impacto que ese episodio pueda tener en una base parlamentaria que aún está en construcción.
El PSL tiene ahora el mayor grupo en la Cámara de Diputados, pero sólo cuenta con 55 de los 513 escaños, por lo que para darle trámite a los proyectos del Gobierno precisa alianzas con otros sectores de centro y derecha que en conjunto controlan el Legislativo, frente a una oposición de izquierdas con apenas 140 legisladores.
Esas alianzas están en proceso de discusión, por lo que existen dudas en torno al impacto que pueda tener la salida de Bebianno, que actuaba como interlocutor entre el Gobierno y los parlamentarios.
Según fuentes políticas, esa función será asumida en su totalidad por el ministro de la Presidencia, Onyx Lorezoni, del partido Demócratas (DEM), al que pertenecen tanto el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, como el del senado, Davi Alcolumbre.
La cercanía de Lorenzoni con los jefes de ambas cámaras puede ser entonces un antídoto contra las posibles consecuencias de la salida de Bebianno, y ayudar al trámite de las principales reformas que el Gobierno presentará al Parlamento, referidas al combate al crimen y a un profundo endurecimiento del acceso a las jubilaciones.