Los líderes políticos de Santa Cruz instaron este martes al Gobierno del presidente Luis Arce a anular el decreto que fija el censo de población para 2024, como una salida para evitar la huelga indefinida que esa región prevé iniciar este fin de semana.
El presidente Arce «tiene cuatro días» para «pensar» y «tiene dos salidas», anular la norma antes del inicio de la medida de presión anunciada para este sábado y la otra, hacerlo durante el desarrollo de la huelga, aseguró el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho.
El gobernador cruceño compareció ante los medios para anunciar que varios sectores del transporte departamental se sumarán a la huelga que busca paralizar las actividades del departamento.
El pasado 30 de septiembre, varias entidades ciudadanas de Santa Cruz agrupadas en el Comité Interinstitucional de Defensa del Censo definieron en un cabildo la realización de una huelga indefinida que debe comenzar este sábado para exigir que la encuesta nacional se efectúe el próximo año.
Los representantes de Santa Cruz condicionaron el diálogo con el Gobierno a la anulación del decreto presidencial que fija la realización del censo en 2024.
Para Camacho, esta huelga implica un «sacrificio bastante duro», pero es necesaria por la «soberbia» del Gobierno, que no ha cambiado de parecer e insiste en que el censo sea en 2024.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, ha sostenido que «el pueblo cruceño no quiere paro» y arguyó el respaldo de varias asociaciones de campesinos, comerciantes y transportistas, para evitar que la huelga se desarrolle.
Montaño adelantó que desde el próximo sábado estos grupos saldrán a «limpiar las calles» con ayuda de maquinaria pesada ante las inminentes «consecuencias negativas» de la huelga, como la escasez de combustible que afectará al agro.
«Si hay un perjuicio (…) es por culpa del Gobierno», «nosotros vamos a acatar el paro disciplinadamente como siempre lo hemos hecho», aseguraron los dirigentes del transporte que apoyan la protesta ciudadana.
El Gobierno y los líderes cívicos cruceños no han logrado dialogar para resolver esta tensión.
La pasada semana, en un diálogo técnico en Santa Cruz, el Ejecutivo nacional ratificó la realización de la consulta nacional en 2024, cuyos resultados se conocerán progresivamente entre 2025 y 2026.
En junio pasado, el Gobierno comunicó el aplazamiento del censo, que debía efectuarse en noviembre de este año, alegando dificultades técnicas y la necesidad de «despolitización» del proceso.
Santa Cruz lidera la demanda del censo para 2023 para que sus resultados se apliquen en 2025, cuando se prevé que se realicen las próximas elecciones nacionales.
De estos resultados dependen una nueva asignación de recursos para las regiones y la distribución de representación política en el Parlamento.