El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, promulgó este jueves desde una cárcel en La Paz una ley departamental sobre la «ausencia temporal» que le permite mantenerse en el cargo, a pesar de estar detenido preventivamente por la crisis política de 2019.
El asesor jurídico de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, llegó esta jornada hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en el altiplano de La Paz, donde guarda detención preventiva Camacho para entregarle una ley regional que fue aprobada el pasado fin de semana por la Asamblea Legislativa de esa región.
Al salir de la cárcel, Suárez mostró a los medios la firma de Camacho en la «Ley de Ausencia Temporal» y sostuvo que el gobernador «acaba de promulgarla» y solo queda enviar la norma a la Dirección de Desarrollo Autonómico para que pueda ser publicada en la gaceta departamental para que entre en vigencia.
«La ley establece los mecanismos que determinan en qué momentos la ausencia temporal se activa en la Gobernación de Santa Cruz, por lo tanto se procede a la suplencia gubernamental», explicó Suárez.
Agregó que la norma estipula que en la «detención preventiva de un gobernador no hay ausencia temporal», ya que «no se suspenden los derechos políticos de una persona», por lo que Camacho podrá gobernar desde la cárcel donde está desde el pasado 28 de diciembre.
Camacho está acusado por los supuestos delitos de terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas, por los hechos de la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron el pasado mes un recurso legal ante una corte constitucional de Santa Cruz para que el vicegobernador cruceño, Mario Aguilera, asuma el cargo de Camacho, al considerar que está impedido de gobernar por su detención preventiva.
Ante esta situación ese tribunal, después de varias suspensiones, determinó que el Legislativo departamental era la instancia que debía decidir si Camacho era relevado por «ausencia temporal» o si se podría mantenerse en ese puesto.
Precisamente la Asamblea Legislativa aprobó el fin de semana esta norma con 17 votos a favor y 11 de rechazo del partido oficialista.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.