La representante de ONU Mujeres en Bolivia, Nidya Pesántez, dijo a EFE que la lucha contra la violencia machista y los feminicidios será «exitosa» si se combina una acción generalizada hacia las mujeres y las niñas, con un presupuesto y un «servicio público militante por la causa».
Pese a que «el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con un marco jurídico de avanzada en relación con los derechos de las mujeres y, de manera específica, para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas», aún «hay retos para que la norma se convierta en una herramienta que transforme la vida de las mujeres», señaló Pesántez.
En Bolivia está vigente desde 2013 la ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, pero pocos casos llegan a tener una sanción penal.
Por esta razón varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han pedido una reforma a la ley 348 para que haya un procedimiento penal especial para sancionar los hechos de violencia y que se suprima las etapas o audiencias innecesarias para llegar a juicio.
ONU Mujeres «considera que un cambio significativo se reflejaría en la modificación de la ley 348, especialmente en lo referido al presupuesto, por una parte, para las instituciones con competencia en la dotación de servicios y administración de justicia y, por otra, para la prevención de la violencia».
La representante de la ONU recordó que desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (Sepmud) y el Ministerio de la Presidencia se desarrollan «acciones de prevención» que son un «aporte indispensable que va mostrando sus resultados».
Sin embargo, «una estrategia de prevención articulada, integral e integrada en el quehacer social, económico y político es inaplazable», añadió.
«No hay institucionalidad que pueda responder de manera adecuada a un fenómeno si este es considerado ‘normal'», indicó Pesántez.
Asimismo, la representante de ONU Mujeres en Bolivia alertó de que «la población y el servicio público deben indignarse con la violencia hacia las mujeres y las niñas de tal manera que un violentador se sienta fuera de lugar en una sociedad evolucionada y asuma la responsabilidad de cambiar su pensamiento y su conducta.
Según datos de la Fiscalía General de Bolivia, en lo que va de este año se han registrado más de 90 feminicidios y más de 35 infanticidios.
Los recurrentes feminicidios colocan a Bolivia entre los países más violentos para las mujeres en la región, por lo que el Gobierno declaró el 2022 como el «Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres».