Está próximo un cambio radical en el mercado energético regional a raíz de una serie de factores que van desde la necesidad perentoria de evitar los combustibles fósiles, hasta la plena utilización de energía amigable con el medioambiente, pasando por transiciones que ya deberían estar en vigor en el marco del Acuerdo de París. Para algunos países como Bolivia, el cambio obligado tiene además otras connotaciones comerciales, al reducirse el mercado argentino para el gas natural ya que pronto será autosuficiente, y Brasil que, al concluir el contrato, ya anunció modalidades inéditas para abaratar el precio del producto para el consumidor.
La relación comercial con Brasil requiere de un nuevo contrato que necesariamente será distinto por la nueva política económica de ese país que apela a operadores privados para suplir todo lo que antes manejaba Petrobras. Por lo tanto, los negociadores bolivianos deberían ya estar al tanto de los cambios que son inmediatos. El país puede conformarse con suministros a regiones limítrofes, o aspirar a aprovechar el gigantesco mercado brasileño. Lastimosamente da la impresión que quienes manejan la política energética carecen de los conocimientos sobre esta problemática tan compleja, ya que ante el anuncio de que se licitaría las acciones del gasoducto Bolivia-Brasil, altos funcionarios nacionales anunciaron que participarían para comprar acciones.
Al parecer no sabían que las normas de ese país ahora evitan el riesgo del control monopólico. La estatal Petrobras se vio obligada a vender sus acciones y todos sus activos en transporte y distribución de gas en Brasil para 2021, esto incluye al gasoducto por el que Bolivia exporta. El gobierno boliviano a su vez, anunció que participará en la licitación mediante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la intención de adquirir ese paquete accionario. Los cambios en Brasil obedecen a que Petrobras abusó de su poder de productor, transportador y comercializador especulando con los precios. Por ello el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), le sigue un proceso. En la nueva relación ninguna empresa podrá controlar todo el proceso de producción, refinación, transporte, comercialización y distribución.
Lo que el gobierno nacional debiera hacer es contratar consultores privados nacionales y extranjeros que puedan orientar la política nacional en el nuevo contexto. La Agencia Nacional del Petróleo brasileña (ANP) ya convocó a las empresas brasileñas interesadas en contar con el gas boliviano a ofertar sus necesidades y precios hasta el 6 de noviembre, para definir los nuevos precios del gas para el consumidor. La ANP proyecta que el costo del transporte baje en aproximadamente 3 reales por millón de BTU (unidad internacional que mide el gas natural). El precio del gas sigue en función de las cotizaciones internacionales, por lo tanto, dependiendo de la capacidad negociadora boliviana se pueden lograr nuevos acuerdos ventajosos para el país.
Naturalmente que los compromisos que se asuman deberán enmarcarse en la real capacidad de producción nacional. La reducción del precio planteada por la ANP es consecuencia directa de la amortización de las inversiones ya realizadas en la construcción del Gasoducto Brasil-Bolivia, que comenzó a operar en 1999. Esta nueva situación es efecto de la nueva política petrolera del gobierno de Jair Bolsonaro de lograr una rebaja en los precios del gas. La Agencia Nacional de Petróleo, principal ente regulador del sector hidrocarburos en Brasil, informó que, al finalizar el contrato con Bolivia, las negociaciones de un nuevo contrato tendrán como base una reducción en el precio.