El gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), David Sánchez, informó que la Cancillería de Bolivia pidió un informe a su similar de Chile sobre el intento «unilateral» de la Terminal Puerto de Arica (TPA) de subir más de 240% las tarifas que cobra a la mercadería boliviana.
«El martes el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Diego Pary, manifestó la decisión de que como Estado solicitar una información pormenorizada a través de Cancillería boliviana a la Cancillería chilena», informó Sánchez en una conferencia de prensa.
El titular de ASP-B advirtió que, de aplicarse el incremento de tarifas en Arica, disfrazado bajo el nombre de «nuevo manual de servicios», ocasionaría importantes retrasos en puerto para la carga boliviana, principalmente en contra del transporte internacional.
El lunes, la TPA anunció que a partir del 5 de agosto aplicará el cobro de nuevas tarifas a las cargas bolivianas y convocó a la ASP-B a negociar y llegar a un acuerdo que viabilice esa decisión.
«Se convierte en un conflicto diplomático porque no nos dan tiempo a aceptar, rechazar, modificar un manual (de operaciones) (…). Ayer (martes) el canciller, Diego Pary, manifestó la decisión de solicitar como Estado información pormenorizada toda vez que, para aplicar un nuevo manual, del 29 de julio al 5 de agosto, prácticamente no queda nada», remarcó.
Puntualizó que la situación debe resolverse entre cancillerías, tomando en cuenta que aplicar de forma unilateral un incremento de tarifas para la carga boliviana en Arica, vulnera de manera flagrante el Tratado de Paz y Amistad de 1904.
«Estaríamos esperando una respuesta formal para poder abordar, a través de las cancillerías, el trabajo técnico de despacho y de tarifas, una vez que se así lo señalen», complementó.
Por otra parte, pidió a los empresarios nacionales reflexionar y no pedir que la ASP-B absorba el eventual incremento, tomando en cuenta que es como aceptar esa decisión unilateral de la Terminal Puerto de Arica, que vulnera los derechos del Estado boliviano.
Recordó que los aportes por servicios que cobra la ASP-B a los importadores, fueron fijados en 2005, luego de un consenso entre ambas partes, y no fue modificado «ni en un centavo» desde entonces.
Enfatizó que «a los empresarios a quienes respetamos mucho les solicitamos que no le hagan el juego a la Terminal Portuaria de Arica; les pedimos que reflexionen más antes de dar un criterio para no hacer resonancia, esperemos que la Cancillería nos dé información para generar un criterio técnico».
Empero, dejó entrever que la decisión en el puerto de Arica es una especie de represalia a la decisión asumida por el Estado boliviano de optar por puertos alternativos a los chilenos.