El expresidente Carlos Mesa pidió este jueves a Naciones Unidas y a la Unión Europea (UE) que se pronuncien sobre la «inexistencia» de un golpe de Estado en el país en 2019 como lo asegura el oficialismo para enjuiciar a la exmandataria interina Jeanine Áñez.
«He pedido a la ONU y a la Unión Europea, facilitadores del diálogo en la crisis de 2019, que se pronuncien sobre la inexistencia de golpe ni delito en la suc. constitucional de Jeanine Añez, y eviten una violación de DDHH y de la democracia en el juicio. Creo que es su deber moral», escribió el exmandatario en Twitter.
Mesa (2003-2005) acompañó su publicación con una copia de la carta enviada a la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, la argentina Susana Sottoli, en la que le expresa su preocupación por el «ilegal e ilegítimo juzgamiento penal» de Áñez.
Según el exgobernante, ese proceso viola las garantías del debido proceso «por un hecho que nunca ocurrió: un inexistente golpe de Estado» y su objetivo es «encubrir delitos electorales que configuraron el gigantesco fraude electoral del expresidente Evo Morales y su cúpula de gobierno en las elecciones del año 2019», señala la nota.
El también historiador recordó que tras el «abandono de funciones y la salida de Bolivia» de Morales se desató «una ola de violencia» en el país que, a su juicio, respondía a una «estrategia de vacío de poder para generar un enfrentamiento fratricida entre bolivianos, seguida de caos y anarquía».
Mesa aseguró que ese riesgo fue evitado por la «decisiva intervención» de entidades como la Iglesia católica boliviana, la UE y Naciones Unidas como promotores y veedores del diálogo entre las fuerzas políticas bolivianas y cívicas que eran los actores «llamados a resolver» el conflicto «pacífica y democráticamente».
Ese diálogo permitió la «pacificación del país, una sucesión constitucional legal y legítima y el reencauzamiento» del proceso electoral para unos comicios celebrados en 2020 y ganados por Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS), señaló.
Mesa consideró que «pretender negar este hecho histórico irrefutable con una espuria sentencia penal, prefabricada a la medida de los intereses» de Evo Morales y con operadores judiciales sin credibilidad implica «socavar las bases de legalidad y legitimidad del actual gobierno».
Pero además supone «la descalificación de las representaciones de la Iglesia Católica y de las organizaciones internacionales mencionadas, como si hubieran sido parte de una conspiración para derrocar a un gobierno y destruir la democracia en Bolivia», agregó.
Áñez está en prisión preventiva en La Paz desde marzo de 2021 acusada de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales, que para el oficialismo fue un «golpe de Estado».
El juicio en curso es por el caso «golpe de Estado II», referido a sus acciones cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el Gobierno de Luis Arce y el oficialismo, tras las renuncias de Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.