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miércoles, febrero 8, 2023
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Castillo acude a la OEA, mientras que Fiscalía defiende que respeta sus derechos

El presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo este miércoles que recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para «defender la democracia y evitar una rotura constitucional» en el país, mientras la Fiscalía siguió firme en defender que la investigación en su contra respeta los derechos fundamentales.

En un mensaje a la nación, que comenzó pocos minutos después de las 21.00 hora local (02.00 GMT), el mandatario reiteró la existencia de un «complot» por parte de ciertos sectores de la oposición política, el Poder Judicial y la prensa para «quebrantar el orden constitucional y democrático» de Perú y sacarlo del poder mediante una «modalidad de nuevo golpe de Estado».

Castillo fue enfático al asegurar que él, su familia y su Gobierno están siendo víctimas de una «persecución política iniciada incluso antes» de asumir su mandato, en julio de 2021, primero con acusaciones que lo tildaban de «comunista», después de «terrorista» y ahora con una «estrategia» centrada en la «demolición de la imagen presidencial».

«Quieren que yo me vaya para que ellos gobiernen sin haber sido elegidos», aseguró tras reiterar su inocencia y denunciar que en Perú «se viene haciendo uso indebido de manera recurrente de instrumentos jurídicos».

Acude a la OEA

El jefe de Estado argumentó que, ante «estos actos lesivos que socavan la institucionalidad democrática, el Estado de derecho, la gobernabilidad y el desarrollo económico del país», decidió acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y apeló a los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana.

Agregó que acude a ella «como mecanismo preventivo para la defensa de la democracia y para evitar la rotura constitucional».

La petición de Castillo ante la OEA se formalizó el pasado 12 de octubre a través de una misiva, luego de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra, que el mandatario calificó de «inconstitucional e ilegal y sin fundamentos».

Esta denuncia señala al jefe de Estado como supuesto líder de una mafia corrupta que tiene el supuesto propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas de obras públicas.

En concreto, lo imputa de ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).

El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.

La Fiscalía se defiende

En el otro extremo, la Fiscalía defendió este miércoles «el respeto riguroso de los derechos fundamentales» en la investigación preliminar que le llevó a presentar esta denuncia constitucional.

En una reunión informativa con la prensa extranjera acreditada en Perú, el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, aseguró que esta denuncia contiene más de «190 elementos» probatorios que sustentan su acusación de que Castillo es el presunto líder de una organización criminal.

Huamán, quien es coordinador del Área Especializada en Denuncias Constitucionales, remarcó que «la ley no faculta» a los fiscales a adelantar los términos de esas pruebas, aunque reiteró que la denuncia formulada por Benavides «es el resultado de diligencias preliminares o de actos de investigación que se han realizado autorizados por un juez supremo».

Enfatizó que ahora «es facultad exclusiva y excluyente del Congreso» desarrollar el proceso para llegar a un pronunciamiento final sobre el tema, aunque reiteró que «la norma procesal señala la reserva de las investigaciones».

La denuncia ahora debe ser revisada por Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que también solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que interprete la Carta Magna del país para determinar si se puede proseguir con la acusación contra el gobernante.

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