La CEPAL instó a los países latinoamericanos, entre ellos a Bolivia, a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, documento que inicialmente fue suscrito por 16 países. Lamentablemente hasta ahora no se ha ratificado el compromiso que es considerado histórico, porque constituye el primer tratado regional ambiental, y el primero en el mundo en establecer disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Es, además el primer compromiso de América Latina y el Caribe derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en un mensaje convocó a todos los países de la región, a lograr que se ponga en vigencia el documento con la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, suscrito en Costa Rica el año pasado después de seis años de intensos trabajos preparatorios y de negociación, dando una lección al mundo en materia de multilateralismo regional para el desarrollo sostenible.
La ratificación del Acuerdo tendrá mayor significación en este momento en que se preparan reuniones internacionales cruciales para la conservación del planeta. La CEPAL recordó que este año 2019 se efectuara -entre el 22 y el 26 de abril en Santiago- el Tercer Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, y entre el 9 y el 18 de julio en Nueva York, se revisarán por primera vez los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la acción climática y paz, justicia e instituciones sólidas. Además, del 24 al 25 de septiembre se ha convocado la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. A su vez, en septiembre tendrá lugar la Cumbre sobre el Clima y se revisará la Trayectoria de Samoa de los pequeños Estados insulares en desarrollo. En todos estos foros, los derechos de acceso y el Acuerdo de Escazú serán cruciales para el logro de sus objetivos.
Alicia Bárcena señaló que hoy, más que nunca, nuestra región requiere de más y mejor democracia ambiental y de una pronta entrada en vigor e implementación del Acuerdo de Escazú en beneficio de nuestros países y sus sociedades. Desde que se abriera a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en el marco del debate general anual del 73º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Escazú ha concitado un importante respaldo.
A la fecha, 16 países han firmado el Acuerdo (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay) y otros se encuentran en proceso de hacerlo. Bolivia debe ratificar el Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia ambiental, e incorporar sus alcances a la legislación nacional de defensa del medio ambiente, de manera que en nuestro medio se perfeccionen las acciones de protección a la naturaleza, en el marco del cumplimiento del mandato de la Constitución Política del Estado.
Precisamente en su último informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Relator Especial David R. Boyd, destacó el Acuerdo de Escazú y particularmente su artículo 4, que establece que «cada Parte garantizará el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano». Describió los efectos negativos de la contaminación atmosférica en el disfrute de numerosos derechos humanos, en particular el derecho a la vida y el derecho a la salud, sobre todo en el caso de los grupos vulnerables.