La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), mediante un comunicado, consideró ayer que el Gobierno debe aclarar al pueblo boliviano el «incumplimiento» del Convenio 131 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el mecanismo para la fijación del salario.
«Cuando las autoridades del Gobierno afirman que se va a continuar con la misma práctica reconocen, abiertamente, su voluntad de persistir en el incumplimiento a dicho Convenio, lo que debiera ser aclarado por el Gobierno frente a la OIT y al pueblo boliviano», señala parte del segundo punto del documento.
La CEPB, difundió dicho comunicado, luego de la decisión expresada por el Ejecutivo de mantener su política de diálogo separado (con trabajadores y empresarios) para la determinación del salario mínimo nacional en el país, que según la organización de privados no responde a las recomendaciones de la institución internacional.
En el documento, la confederación señaló que la situación se agrava si se toma en cuenta que «el Ministro que asistió a la sesión que debatió este tema, una vez que conoció la resolución indicó que el Gobierno va a proceder al análisis de las conclusiones y examinar cómo implementarlas».
La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT sobre el Convenio 131 relativo a la fijación de salarios mínimos, en el ámbito de la 107ª. Sesión Ordinaria, instó al Gobierno boliviano a que «proceda sin demora a llevar a cabo consultas exhaustivas de buena fe con las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la fijación de salarios mínimos».
En relación al estatuto de la CEPB, al que aludió el Gobierno, el documento da cuenta que la supuesta limitación establecida está orientada a negociaciones de empresas particulares con sus trabajadores, pero no los inhibe de participar en el diálogo nacional sobre política salarial o sueldo mínimo.
Sin embargo, la ministra de Planificación, Mariana Prado, aseguró esta jornada que el Gobierno mantiene permanente contacto y diálogo con los empresarios privados del país.
Recordó que este año el Ejecutivo se reunió con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, antes que con la Central Obrera Boliviana (COB), para definir el incremento salarial.