La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) urgió este jueves a retomar el diálogo ante la «escalada de violencia y el descontrol» por «decisiones políticas» que se están tomando dentro del conflicto por el censo de población y vivienda.
La patronal boliviana expresó en un comunicado su posición «ante la escalada de violencia y descontrol generados nuevamente por decisiones políticas que están conduciendo peligrosamente a un escenario de confrontación entre bolivianos y a una vulneración generalizada de los derechos y garantías constitucionales».
Frente a esto, consideraron necesario «de manera urgente retornar a la senda de la prudencia, sensatez y diálogo».
La entidad enumeró una serie de acciones y situaciones que le preocupan, comenzando por la decisión gubernamental de suspender temporalmente las exportaciones de carne de res, azúcar, soya y sus derivados, una medida que calificó de «política y profundamente injusta».
Los empresarios alertaron que esta medida tendrá «graves consecuencias» para la economía boliviana, afecta directamente a productores de toda escala y refleja una «falta de voluntad para dar fin a un conflicto ajeno a los sectores productivos».
También advirtieron de que las «amenazas y acciones» para afectar la provisión de combustibles y energía a la población y las empresas son «un delito grave» y afectan a la cadena de producción de alimentos poniendo en riesgo su provisión.
Este punto alude a los sectores afines al oficialismo que bloquean los ingresos a la principal refinería de combustibles y a una oficina de redes de gas domiciliario en Santa Cruz para presionar en busca de que se levante la huelga ciudadana en esa región que reclama que el censo se efectúe en 2023.
La CEPB cuestionó además «el silencio y la inacción de las autoridades» ante la toma de empresas y «la intención de avasallar unidades productivas» con las que sectores afines al Gobierno también buscan contrarrestar el paro.
Esto revela amenazas sobre la propiedad privada y el derecho constitucional a la libre empresa, además de dejar patente el «debilitamiento de la seguridad jurídica en el país», indicó la CEPB.
La patronal también lamentó «la narrativa anti empresarial que se manifiesta en alusiones descalificadoras y falaces» contra personas «que aportan a la construcción del país» y consideraron «injusto» el tratamiento que se está dando al sector privado pese a su contribución al sostenimiento de Bolivia.
«El Gobierno Nacional está en la obligación de dar solución a la agenda ciudadana, sin ningún tipo de discriminación, ni privilegio, priorizando el diálogo y evitando así la adopción de medidas de presión que pongan en riesgo la paz en el país», manifestaron los privados.
Santa Cruz lidera las protestas por el censo que para el Gobierno de Luis Arce son intentos de desestabilización en su contra.
Los sectores afines al Gobierno han intentado frenar con violencia la huelga en Santa Cruz, así como otras movilizaciones en regiones como La Paz y Tarija.