Ya nadie ignora que la justicia en Bolivia ha caído a la más profunda degradación, sometimiento y venalidad. Los intentos de juristas, algunos magistrados y organismos internacionales por cambiar esta situación se estrellaron contra una red de indemnidad. Tampoco es un secreto que los poderes políticos impiden la reestructuración del sistema judicial. Las pruebas de la venalidad imperante son muchas, y actualmente otro vergonzoso y terrible suceso muestra el verdadero rostro de la impunidad. Se trata del caso Chaparina, que después de 11 años logró que se instale la audiencia del juicio oral para juzgar a quienes participaron de la represión a los indígenas que efectuaron la Octava Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Pero las víctimas no aplauden el proceso porque, en su criterio, el Ministerio Publico omitió las principales pruebas de los hechos.
En la audiencia el Ministerio Público debería presentar las pruebas, pero se omitieron los videos, fotografías, relato de los testigos y testimonios de las víctimas. No se presentó ni el informe del Defensor del Pueblo, que recoge los testimonios. Toda esta documentación fue excluida de acuerdo a las víctimas de la represión de Chaparina, que calificaron al juicio como una farsa.
Recordemos que el 25 de septiembre de 2011, efectivos policiales reprimieron violentamente a la marcha de los indígenas del Tipnis, que desde el oriente se dirigían hacia La Paz para exigir respeto a su territorio y que no se construya una carretera atravesando la región. El ataque se produjo en Beni, en el lugar denominado Chaparina. Unos mil 500 indígenas, hombres, mujeres y niños que participaban en la marcha fueron reprimidos por la policía, apoyados por efectivos militares. Los indígenas fueron gasificados, golpeados, maniatados, amordazados, apresados y trasladados a diferentes lugares. Fueron liberados al haberse difundido las imágenes de la represión en casi todos los canales de televisión del país. La conmoción al ver semejante maltrato fue general.
El gobierno de Evo Morales pretendió ocultar el hecho, pero las evidencias eran abrumadoras. Lamentablemente la justicia nada hizo, pese a que la denuncia de las víctimas de esta agresión llevó el caso a la justicia internacional. La Comisión de Derechos Humanos admitió la demanda, pero los indígenas quedaron solos en su lucha. Las pocas organizaciones sociales que apoyaron fueron amedrentadas por el oficialismo. Desde entonces, todos los años se recuerda este atentado a los derechos humanos, a los derechos de los indígenas y a los postulados de la Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, y manda respetar los territorios indígenas. La CPE determina también que cualquier intervención a estos territorios requiere de una consulta informada de los indígenas. Se omitió este mandato constitucional y se procedió a iniciar la construcción de la carretera atravesando el Tipnis. El escándalo internacional sobre los hechos motivo que se frenaran los trabajos pese a que la empresa brasileña contratada para las obras ya había recibido un pago adelantado.
Han pasado 11 años desde que se produjo la represión y la justicia miró para otro lado. La fiscalía omitió el cumplimiento de sus funciones, y los principales responsables de esta aberración permanecen en la impunidad. Después de la represión los indígenas fueron liberados, y se reagruparon pese a que muchos fueron trasladados a lugares alejados, y decenas ya no pudieron seguir la marcha por tener lesiones graves. Lamentablemente, los hechos, como realmente se produjeron, no están siendo presentados en el juicio en el que el sistema parece coludido para proteger a los responsables.
Recordando la octava marcha indígena, un año después, el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), publicaba un amplio testimonio de los indígenas, entre ellos el relato de Miriam Yubanore, vicepresidenta de la CPMB, contaba a los medios de comunicación lo ocurrido, y decía: «Me patearon, les dije que un día pagarán… Esa tarde la gente estaba tranquila, pero luego unos hermanos T’simanes llegaron donde nosotros estábamos y nos avisaron que había más policías (en las inmediaciones del campamento) y seguían llegando y nos estaban cercando. Nos avisaron para que vayamos a ver. Era cierto, cuando salimos de la reunión, vimos que estábamos rodeados por los policías, todos armados. Tuvimos una discusión fuerte porque ellos no querían entender. Al final, el coronel que estaba allí nos pidió media hora para que sus agentes dejaran el lugar. Pero antes de que se cumpla ese tiempo ellos nos atacaron. Como estábamos hablando con los policías fuimos presa fácil de los policías. Nos echaron gases, tuvimos que huir, pero luego nos agarraron».