El juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre Chile y Bolivia por las aguas transfronterizas del Silala, que vivió hoy su segunda jornada de alegatos orales, ha servido para que ambos países acerquen posturas respecto al uso y el estatus del recurso hídrico.
El representante de Bolivia ante la CIJ, Roberto Calzadilla, se preguntó delante de los jueces «si hay alguna controversia legal genuina» que deba ser resuelta por el alto tribunal de la ONU o si, por el contrario, las diferencias «son de tal naturaleza que podrían ser resueltas por estudios conjuntos».
El Silala es un flujo de agua que nace en manantiales del Potosí boliviano y cruza la frontera hacia Chile en Antofagasta, una de las regiones más áridas del planeta. El uso de este recurso hídrico ha erosionado las relaciones entre ambos países durante los últimos veinte años, pues Bolivia dijo en marzo de 2016 que demandaría a Chile ante la CIJ, pero el país vecino se adelantó y presentó la denuncia tres meses después.
La Paz ha asumido, a lo largo de la fase de alegatos escritos del juicio entre 2016 y 2022, parte de los dos primeros puntos de las reclamaciones de Santiago, es decir, que el Silala es un río internacional y que su uso compartido debe ser «equitativo y razonable». Lejos queda la acusación del expresidente Evo Morales, que en julio de 2017 acusó al país vecino de «desviar» el recurso hídrico hacia su frontera de forma «artificial».
Por otro lado, la representante de Chile ante la CIJ, Ximena Fuentes, dijo el pasado viernes que su país no se opondría a que Bolivia desmontara unas obras en su territorio, hechas por la empresa ferroviaria anglo-chilena Antofagasta-Bolivia Railway Company en los años veinte del siglo XX.
Fuentes dijo que su país aceptaría el desmantelamiento de los trabajos aunque ello conlleve una reducción del caudal que actualmente fluye hacia Chile.
El abogado de La Paz, Allain Pellet, dio la bienvenida a la declaración de Fuentes, pero indicó que Chile entonces debería retirar el tercer punto de su demanda, en el cual Santiago dice que tiene derecho al uso que actualmente hace del Silala.
«En ausencia de una modificación de la demanda, consideramos enérgicamente que Chile no puede exigir retener el caudal del Silala», añadió el letrado.
A lo largo de la fase de alegatos orales, uno de los puntos principales de fricción ha sido el impacto de las obras hechas por Antofagasta-Bolivia Railway Company en la parte boliviana del Silala.
La Paz aseguró hoy que Santiago subestima «el impacto de canalización artificial y de los mecanismos de drenaje» de dichos trabajos, pues habrían provocado un aumento del caudal de entre un 11 % y un 33 %, según estudios científicos hechos por Bolivia, circunstancia de la que se beneficia Chile sin dar compensación alguna.
Por eso, Bolivia ha reclamado en su contrademanda «soberanía sobre el caudal artificial de las aguas del Silala diseñado, mejorado o producido en su territorio».
Para Santiago, dichas obras han provocado como mucho un incremento del flujo del agua de un 1 % y no hay base jurídica para que Bolivia reclame derechos de soberanía exclusiva porque «se trata del mismo caudal», dijo el pasado viernes el abogado de Chile Alan Boyle.
Esa diferencia de porcentaje será discutida el próximo jueves y viernes por expertos cartográficos llamados por ambos países.
El representante de Bolivia explicó que su país podría usar ese caudal extra «para restaurar unos bofedales» en su territorio, es decir, unas humedades que se habrían visto afectadas por las obras de canalización.
Acuerdo infructuoso
Chile desveló el pasado viernes que el acercamiento de posturas durante la fase escrita de alegatos llevó a su país a ofrecerle un acuerdo a Bolivia que evitase el pronunciamiento de la CIJ.
El representante boliviano Calzadilla respondió hoy que Chile «no tenía intención de negociar un acuerdo», sino que «fue una situación de ‘lo tomas o lo dejas'» por lo que «difícilmente podría tratarse de un acuerdo de buena fe».
El juicio continuará hasta el próximo 14 de abril, fecha tras la cual los jueces se retirarán a deliberar sobre una decisión que será inapelable por las partes y que se espera para finales de 2022 o principios de 2023.