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sábado, junio 22, 2024
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CIDH preocupada por el recrudecimiento de la violencia partidista en el país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes en su informe preliminar sobre su visita de cinco días a Bolivia su preocupación por el «recrudecimiento» de la violencia partidista e instó a dejar de lado intereses personales y que se generen espacios para la «reconstrucción del tejido social».

El lunes pasado la CIDH inició una visita «in loco» que tuvo como objetivo observar a profundidad la situación de los derechos humanos en Bolivia para lo que sostuvo reuniones en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre con varias autoridades, representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos para «escuchar las distintas voces».

La CIDH reconoció la «apertura» del Estado boliviano al «escrutinio internacional».

«Los hallazgos de esta visita reflejan una mirada longitudinal que parte casi de dos décadas de monitoreo de la CIDH», señaló la primera vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, en una conferencia en La Paz en la que presentó el informe preliminar.

La CIDH recordó que la comisión visitó Bolivia en 2006 y un año después entregó un informe en el que «se subrayaron desafíos vinculados con la inclusión social de las personas históricamente excluidas, la institucionalidad democrática, la independencia e imparcialidad del poder judicial, el acceso a la justicia en materia penal».

«Pasados 17 años, en la presente visita, la comisión pudo observar avances en materia de inclusión y participación social sin precedentes, que partieron del reconocimiento institucional de un Estado plurinacional, multicultural y de la adopción de un modelo económico social comunitario y productivo».

«Al mismo tiempo identificó grandes desafíos estructurales que persisten hoy en el país, así como el recrudecimiento de situaciones preocupantes en materia de la violencia partidista, producto de una extremada polarización política que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana y que urge ser superada».

Conclusiones preliminares

En primer lugar, destacó los avances que se logró con la Constitución de 2009 como la «autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas» y las garantías contra la discriminación.

Sin embargo, la Comisión señaló que «algunos pueblos indígenas han expresado no sentirse incluidos en las políticas públicas», asimismo la población afroboliviana manifestó «falta de participación y representación» en los «espacios de tomas de decisión».

La CIDH dijo que pese a que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, «se recibió información sobre la contaminación hídrica y sus impactos en la salud por minería y uso indiscriminado del mercurio», la deforestación y la construcción de carreteras en territorios indígenas y áreas protegidas.

La CIDH expresó su «profunda preocupación» porque «persisten los elevados niveles de violencia de género, feminicidios, violencia sexual contra niñas y adolescentes», y la falta de asistencia legal y psicosocial a las víctimas.

En otro punto se refirió a la libertad de expresión y recordó que «la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia» y se «debe hacer un esfuerzo para identificar la existencia de grupos violentos» que «puedan desnaturalizar» el contexto de la protesta.

«La CIDH conoció de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza policial, alegaciones que, según lo indicado por el Estado, se encuentran en investigación», indica en el informe preliminar, en el que también recuerda «el deber del Estado de velar por un uso de la fuerza respetando principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad».

Reforma a la justicia

La CIDH dijo que recibió «preocupante información sobre la falta de independencia, debilidad, ineficiencia y falta de transparencia del sector justicia» y que, además, todos los sectores que entrevistaron sobre esta materia coinciden que «la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno».

Esto lleva a «largos procesos penales, reiteradas extensiones de detenciones preventivas, personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad y dificultades para la obtención de beneficios de libertad anticipada», entre otros.

Y mencionó que «no resulta claro si estas debilidades del sistema de justicia obedecen a fallas estructurales o a una manipulación del derecho penal».

En ese sentido, señaló que a la sociedad boliviana le «beneficiaría una profunda reforma del sistema de justicia, que garantice una plena y efectiva independencia judicial».

La CIDH dijo que también visitó en los centros de reclusión en los que se encuentran a la expresidenta interina Jeanine Añez, el gobernador de Santa Cruz, el opositor, Luis Fernando Camacho, y el líder cocalero César Apaza, quienes «se autoidentificaron como presos políticos y cuyos requerimientos han sido puestos en conocimiento del Estado».

Finalmente, la Comisión dijo que Bolivia «tiene una oportunidad excepcional para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de reconciliación» e instó a que se redoblen los «esfuerzos para generar verdaderos espacios de consenso que permitan trabajar un sentido de destino común en la diversidad y que faciliten la comprensión mutua».

«Consenso significa renunciar, en ocasiones, a aspiraciones personales o partidistas en aras de alcanzar el bien común», añadió.

La «Comisión entiende que la polarización histórica que divide a la sociedad se vio profundizada por las heridas abiertas en 2019, estas solamente sanarán en la medida en que las altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos o sociales, que se pronuncian sobre los hechos en cuestión, contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la reconstrucción del tejido social».

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