Varios factores están complicando la situación política, social y económica del país, generando un ambiente propenso a agravar los diversos conflictos latentes. Sin duda los principales ingredientes que fractura toda posibilidad de entendimiento son: la polarización política, la crisis económica que agobia a todos los sectores, el impacto del coronavirus en la población y las elecciones fijadas para octubre.
La tensión social es aprovechada por grupos ideológicos de extrema tendencia que no miden consecuencias, sus actos derivan en excesos poniendo en riesgo a la ciudadanía, e inclusive perpetrando hechos delictivos y daños al patrimonio público y privado.
Es inocultable el apoyo de algunos dirigentes del MAS a las movilizaciones y actos de violencia, que nuevamente se confirmaron en el supuesto «cabildo del millón» que no logró reunir ni al dos por ciento de lo que pretendía.
Como advirtió hace tres días el Gobernador de La Paz, «la COB no tiene convocatoria por haber cogobernado con el MAS».
Se volvió a establecer que dicho ente ya no goza del respaldo de los trabajadores del país.
Asimismo, la incoherencia de sus demandas va en contra ruta a lo que quiere y necesita el pueblo boliviano, que en este momento lo primero que busca es preservar su salud, atacada por un virus inclemente que ha infectado a cerca de 73 mil y ocasionado la muerte de más de 2.700 personas, frente al absoluto descuido en que dejó el anterior gobierno, de Evo Morales, al sistema de salud pública, como afirmaron dirigentes del Colegio Médico de La Paz.
La preocupación de la ciudadanía está concentrada en conseguir medicamentos y seguridad sanitaria, mientras que la dirigencia cobista efectúa anarquía, desorden.
Los extremistas no quieren darse cuenta que el pueblo en mayoría absoluta está guardando cuarentena, trabajando, cuidando a su familia, y demandando seguridad para el momento en que estén dadas las condiciones para ir a votar, sin agravar el riesgo que implica la pandemia.
La COB sindical de hace veinte años ha sido una organización que en su histórica lucha social supo mantener el distanciamiento político. Los dirigentes podían pertenecer a cualquier corriente ideológica, pero se cuidaba de preservar la independencia política sindical.
Esta columna vertebral del sindicalismo se fracturó a partir del año 2006 al haber sido copados, varios de sus dirigentes, por el régimen anterior, que los enriqueció.
Las tendencias absolutistas, las actitudes políticas dogmáticas y los extremos ideológicos están lejos del sentimiento de los bolivianos, que han demostrado siempre su vocación democrática.
En estos momentos de incertidumbre, la ciudadanía busca bienestar, contar con fuentes de trabajo, medicamentos de emergencia, suficientes alimentos, y no perder la fuente de empleo que les significa ingresos, afectados por la cuarentena.
El Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Jaime Ascarrunz, expresó que una nueva cuarentena rígida afectaría en grado sumo a la economía nacional, lo cual provocaría nuevos miles de desempleados.
Debería planificarse una nueva forma de control de la pandemia, acudiendo a las experiencias de países de Europa que después de una penosa lucha contra el COVID-19 comienzan a normalizar sus actividades.
Como consecuencia de las derivaciones de la movilización propiciada y solventada por masistas, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que se ha interpuesto una demanda penal en contra del ex presidente Evo Morales, la jefa de bancada del MAS, Betty Yañíquez, y el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, por asociación delictuosa y otros delitos vinculados a la movilización del martes, en El Alto, que ha puesto en riesgo de mayor contagio del coronavirus a la población, además de los desmanes de algunos grupos. Según el ministro Nuñez, el país atraviesa «una escalada de violencia armada preparada y financiada por Evo Morales».