La UMSA, el Conade, miles de mineros de Potosí identificados con el Conade, campesinos, gremiales, profesionales, universitarios, magisterio, estudiantes de secundaria y delegaciones del interior, aprobaron exigir renuncia de Morales y García, anulación de elecciones, rechazo a la auditoria, designación del TSE, convocatoria a nuevas elecciones.
Los cabildos, conforme el artículo 11 de la Constitución boliviana, son mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa en los cuales las ciudadanas y ciudadanos se pronuncian pública y directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo.
En La Paz, con una masiva asistencia, se adoptó una resolución que rechaza a políticos, incluso Carlos Mesa, para pedir una nueva elección.
Otra de las conclusiones del cabildo, a la que se sumó Cochabamba, señala «mantener la lucha hasta la renuncia del presidente Evo Morales y la independencia política del movimiento con la arenga ‘ni Mesa ni Evo Morales'».
Otro punto determinó rechazar la segunda vuelta y la auditoría a las elecciones por ser «una maniobra «distraccionista» para desmovilizar la lucha del pueblo y mantener a Evo Morales en el poder.
Santa Cruz también exigió que se realicen unas nuevas elecciones, sin la participación del binomio Morales-García Linera y sugirió que la fecha sea la misma prevista para una segunda vuelta: el 15 de diciembre.
Se convocó asimismo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a unirse al pueblo y «no mancharse las manos con la sangre de los bolivianos».
Waldo Albarracín, José Luis Álvarez, Luis Larrea, representantes de comités cívicos de los nueve departamentos y de organizaciones campesinas, mineras de Potosí, responsabilizaron a Evo Morales, por la muerte de dos personas en Montero.