La estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo de Bolivia inicia este martes la recaudación de los aportes de pensiones, luego de más de una década de su creación, en medio de un laudo arbitral y la desconfianza de cientos de trabajadores.
En la Constitución de 2009 se estableció que los servicios de «seguridad pública no podrán ser privatizados ni concesionados».
Estas son las principales claves sobre el sistema estatal de pensiones.
Más de una década
Los fondos de pensiones de los bolivianos eran administrados por la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) a cargo de las privadas Futuro y Previsión, esta última filial de la española BBVA, desde 1997.
En 2010, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), se promulgó la Ley de Pensiones en la que se determinó que la Gestora Pública administrará los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, pero solo hasta 2015 se establecieron sus estatutos.
Desde entonces el inicio de operaciones de la Gestora ha sido aplazado en varias ocasiones por distintas razones como problemas con el software.
Finalmente, en septiembre de 2022 se inició la transición parcial al nuevo sistema estatal de pensiones en los Regímenes Contributivo, es decir, pensiones de la tercera edad, de invalidez y por muerte y semicontributivo, que contempla la prestación solidaria de vejez.
Fases de la puesta en marcha
La Gestora se hará cargo de los recursos de al menos 2,5 millones de trabajadores y desde este 2 de mayo los empleadores y asegurados deberán depositar sus aportes directamente en la entidad estatal, que iniciará la recaudación correspondiente a abril de este año.
Hasta el 12 de mayo las AFP deberán recepcionar los trámites de todos sus afiliados para que la Gestora asuma el 15 de mayo el total de las operaciones.
El primero de junio la Gestora empezará a pagar las prestaciones y beneficios a los jubilados.
Laudo en contra del Estado
En 1997 BBVA constituyó en Bolivia la sociedad AFP-Previsión BBV, que después del proceso de fusión con Argentaria pasó a denominarse Previsión BBVA-AFP.
Tras la nacionalización de los servicios de pensiones en 2009, el Gobierno y Previsión mantuvieron una serie de contactos para iniciar un proceso de negociación sin éxito, por lo que la empresa española acudió en 2018 al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
BBVA argumentó que el retraso en el inicio de las operaciones de la Gestora ocasionó que se extendiera su presencia en Bolivia y la imposibilidad de hacer uso de sus inversiones.
En 2022 el Ciadi dictó un laudo arbitral en el que obliga a Bolivia a indemnizar a BBVA con 105 millones de dólares por el «retraso injustificado» en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.
El Gobierno indicó que «asumió todas las acciones de defensa fundamentadas y presentó las pruebas pertinentes», pero que «no fueron valoradas» por el Ciadi. Hasta la fecha el caso aún no se ha solucionado.
Desconfianza
Desde que se anunció la nacionalización de la administración de las pensiones, varios sectores han expresado su preocupación por el destino de sus aportes y han exigido que haya un control social de los fondos.
En las últimas semanas se han registrado varias protestas contra la Gestora, pues temen que el Gobierno podría utilizar libremente esos recursos y poner en riesgo el sistema de seguridad social.
El gerente de la Gestora, Jaime Durán, informó que los jubilados dejarán de pagar una comisión de 1,31 % y ya no cobrarán las cuatro comisiones que solían pedir las anteriores administradoras y solo será una, de 0,5 %.