El audio hecho llegar a nuestra redacción, en la que una persona (supuestamente la jueza Pacajes) en conversación con otras dos, uno varón y otra mujer, departían, según la música, en lugar público, señala que el ministro César Cocarico y la exministra de Justicia, Virginia Velasco «metieron sus narices, como políticos», en el tema del joven médico Jhiery Fernández.
Cocarico fue el primero que dijo que «había violación del niño Alexander», a partir de ese momento la vía crucis del médico se hizo «un infierno» porque la forense, (amiga del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero) había certificado, que hubo, posiblemente, violación. «Era una forense sin experiencia», se dice en la grabación.
Redactores de JORNADA, entrevistaron a meritorios abogados sobre el tema que señalaron: La grabación de ser cierta merece dos hipótesis:
1. Que la voz de la jueza hubiera sido grabada hace algún tiempo en otra oportunidad, por la extensa que es.
2. Extraña que el Consejo de la Magistratura, sugestivamente, la haya suspendido por cinco días, cuando la jueza estaba con dos días para atención médica y el posterior anuncio de autoridades en sentido que se le haría un proceso disciplinario y un juicio penal, arguyendo que la acción del bebe Alexander estaba en calidad de «reservado», pero habiendo fallecido dicho bebé, de ninguna manera podía haber seguido en reserva, por cuanto se juzga a personas que de acuerdo a la Constitución Política del Estado y del Código del Procedimiento Penal, se «presume su inocencia hasta mientras no haya en su contra sentencia ejecutoriada», por lo que se llega a la conclusión, que en dicho audio, grabación, la juez (probable) haya dado un vuelco espectacular al proceso, por haberse hecho presentes en forma pública, ante medios televisivos, médicos forenses y médicas especializadas en auscultación de bebés y niños, indicando «que no había contacto ni penetración sexual al bebé», que «el Dr. Fernández no era autor» .
Estos hechos demuestran que existe intención en acallar a la jueza. Hacen que la opinión pública considere que hubo presiones políticas para inculpar al Dr. Fernández, en un hecho del cual no fue, con probabilidad certera, autor.
Lo cruel es que César Cocarico (en ese entonces Gobernador) -que tenía un antecedente de una familiar suya que en un hogar había atentado contra una menor-, en el caso Alexander buscó «como chivo expiatorio al Dr. Fernández para distraer la atención de la población». Tanto los fiscales de ese entonces, David Blanco y Susana Boyán «le hicieron la vida imposible al médico ante la opinión pública», se comenta que debido a la influencia de Cocarico accedieron Blanco al cargo de Fiscal Departamental y Boyán a otro cargo jerárquico.
Ante los hechos relatados, en el audio y principalmente por las informaciones públicas de expertos del IDIF los letrados señalaron que corresponde al Ministerio Público, de oficio, iniciar investigación y convocar al ministro Cocarico y a la exministra de Justicia de entonces, para que hagan conocer la verdad de los hechos.
La pregunta que se debe hacer a César Cocarico, indicaron: «Diga si él es médico, forense, si auscultó al bebé y el motivo por el que no siendo de su competencia ni conocimiento médico forense haya vertido una expresión que a la postre sirvió para sentenciar a un inocente a 20 años de presidio».
De igual manera se convoque a la Dra. Pacajes, a decir si la voz del audio es suya y en qué fase del juicio fueron vertidas.
Luego se haga auditoría médica legal de las pruebas aportadas por el acusado y sobre todo de los informes de profesionales del IDIF, que tienen que cursar en el expediente, con solo esos actuados la situación se aclarará, mientras tanto procede que el Dr. Jhiery Fernández se defienda en libertad, porque, no solo, por la grabación, sino por las informaciones emitidas en forma pública por expertos y expertas en medicina forense, se llega a la conclusión que «más vale poner en libertad a un presunto culpable que mandar a la cárcel a un presunto inocente».
Es a partir de la versión de Cocarico, que subalternos en la administración pública, como fiscales y jueces llevan a cautiverio judicial al Dr. Fernández, quien se encuentra cumpliendo pena de prisión de 20 años.
«Sin haber en su contra indicios, elementos o pruebas fehacientes e irrefutables para su condena», aseveró el Dr. Alanes, defensor de Fernández.