Colombia dio un nuevo paso en la lucha contra el consumo de drogas con la firma por parte del presidente Iván Duque de un decreto que permite a la Policía la incautación de la dosis mínima y que ha desatado controversia en el país debido a que para algunos viola las libertades individuales.
«El microtráfico y consumo de drogas en las puertas de los colegios, en las universidades y en los parques ha aumentado exponencialmente en los últimos años y no podemos ser indiferentes a esto», dijo Duque en el acto en el que reglamentó parcialmente el Código de Policía en lo relacionado con el porte de sustancias prohibidas.
El decreto dota a las autoridades de las herramientas necesarias para confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en espacios públicos y evitar así que los expendedores utilicen la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo.
Lo anterior debido a que, según un estudio del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia dado a conocer en junio pasado, el consumo en estudiantes está en aumento.
El «Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar – Colombia 2016», que contó con datos de 3.243.277 estudiantes entre 12 y 18 años, determinó que el 15,9 % de los consultados probó alguna sustancia ilícita como cocaína, marihuana, «popper» o LSD en algún momento de su vida.
Ante la preocupante situación el mandatario indicó este lunes: «como colombianos no nos podemos sentir ni cómodos, ni complacientes, ni tolerantes con una situación de aumento del consumo en las ciudades».
El panorama, agregó, es «desolador porque se está empezando a consumir drogas desde muy temprano», teniendo conocimiento de que, incluso, niños de nueve años han caído en la adicción.
El creciente consumo de drogas en el país coincide con un récord de las hectáreas dedicadas al cultivo de coca, que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) pasó de 146.000 hectáreas en 2016 a 171.000 en 2017.
En Colombia está prohibido tanto el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público como la venta, la cual se encuentra tipificada como el delito de tráfico de estupefacientes.
La nueva reglamentación estipula que los decomisos de droga que superen la cantidad autorizada como dosis mínima serán judicializados bajo la legislación vigente definida en la Ley 30 de 1986 por la cual se creó el Estatuto Nacional de Estupefacientes.
En el país está establecido que la dosis para uso personal en el caso de la marihuana no deberá exceder los 20 gramos, mientras que la de cocaína será de máximo un gramo y la de metacualona no podrá ser de más de dos gramos.
Para el Gobierno nacional, «la medida no penaliza la dosis mínima y es totalmente respetuosa de las libertades protegidas por las altas Cortes colombianas y por la jurisprudencia».
Por lo anterior, la droga decomisada será devuelta a aquellas personas que porten una cantidad igual o menor a la dosis mínima permitida y demuestren debidamente su condición de adictos.
«No se trata de llevar a la cárcel al consumidor, se trata de quitarle las dosis y destruirlas porque esas drogas hacen daño», manifestó el Jefe de Estado en el acto que tuvo lugar en la Casa de Nariño.
El enfoque del decreto es de «prevención» y busca resguardar los espacios públicos de la realización de actividades ilícitas que afectan la salud y la convivencia de la ciudadanía.
De este modo, explicó el gobernante, el decomiso de droga se hará mediante un proceso verbal para que «quienes hoy se sienten en libertinaje» sepan que «no deben consumir ni deben portarla» porque «se les va a quitar y a destruir».
La medida causó indignación de diferentes sectores que consideran que es restrictiva de las libertades de los colombianos.
Uno de los primeros en manifestarse fue el senador Gustavo Bolívar, de la opositora Lista de la decencia, quien en Twitter indicó que los más beneficiados con el decreto son los narcotraficantes.
«Nadie más feliz hoy que los narcos. Ellos saben, la experiencia mundial lo dice, que penalizar la dosis mínima elevará el costo de sus drogas y les hará más ricos. Entre tanto, los niveles de consumo seguirán al alza porque la drogadicción se evita con educación no con represión», afirmó.
También, la senadora Victoria Sandino, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), indicó que la medida «es en extremo populista, no propone solución alguna al problema del consumo, criminaliza y estigmatiza al consumidor y por el contrario fortalece el negocio del microtraficante».
En la firma del decreto el presidente estuvo en compañía de los ministros de Defensa, Guillermo Botero; Justicia, Gloria María Borrero, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.