La Cancillería de Bolivia entregó ayer a la Comisión de la Verdad, que investiga crímenes durante las dictaduras de 1964 a 1982 en el país, un grupo de 415 documentos que en su mayoría se refieren a la persecución de exiliados en Argentina, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.
Los documentos de 1964 a 1979 corresponden principalmente a «notas reservadas de misiones diplomáticas del servicio exterior» boliviano en esos países, explicó el canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni.
Otras de las notas pertenecen a la coordinación de Exteriores con el «servicio central», especialmente el Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia, «con fines de persecución de exiliados políticos», añadió Huanacuni en el acto de entrega en la Cancillería.
Este conjunto de documentos fue desclasificado en colaboración con la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de las Dictaduras (Asofam), con el fin de que aporten «al esclarecimiento de acontecimientos que enlutaron al pueblo boliviano», aseveró el canciller.
Otros están aún «reservados, por procesar» en la Cancillería, antes de ser entregados a la comisión, comentó.
El canciller expresó el compromiso de su departamento «en que la verdad emerja» y en «denunciar las cosas que hay que denunciar».
La autoridad calificó de «hito histórico» esta entrega, en la línea del Gobierno de Evo Morales de mantener viva la memoria de lo ocurrido durante las dictaduras en Latinoamérica.
«Es importante desclasificar los documentos de las etapas dictatoriales que vivió el país para dar a conocer y tomar conciencia de lo que significan y que las nuevas generaciones conozcan la verdad», sentenció.
Por su parte, el presidente de la comisión, Edgar Ramírez, destacó que es necesario «restituir la verdad, porque el país ha sido dañado en sus raíces mismas».
Ramírez agregó que con otros gobiernos democráticos en el país no fue posible como con el actual destapar «cosas escondidas por la represión», con el fin de que «nunca más ocurra en Bolivia lo que ha ocurrido durante los años luctuosos de la dictadura».
La comisión recibió el pasado mayo del Ministerio de Justicia de Bolivia 6.117 expedientes con declaraciones de víctimas de las dictaduras, en uno de los aportes más importantes desde que comenzó a trabajar en agosto del año pasado.
Una disposición del Legislativo boliviano permitió en mayo ampliar a un año más el trabajo de la comisión, que inicialmente contaba con un periodo de dos años de labor, para evitar investigaciones inconclusas.
El objetivo es definir responsabilidades que a su vez serán remitidas a la Fiscalía para que inicie procesos legales.
Se cree que durante el periodo 1964-1982 las dictaduras militares dejaron 1.392 personas asesinadas, 486 desaparecidos y 2.469 exiliados, según datos elevados por el jesuita español Federico Aguiló y que son cifras de referencia para la investigación.