El Comité Cívico de Santa Cruz anunció este jueves que presentó una apelación al cierre del caso llamado «fraude electoral» anunciado por la Fiscalía por considerarla una acción unilateral y con fallas de procedimiento.
«El Comité Pro Santa Cruz rechaza totalmente el querer cerrar este proceso que vulnera la libertad, la democracia (…) hemos presentado una impugnación sobre este proceso», aseguró el presidente de la entidad Rómulo Calvo en una rueda de prensa.
El abogado de la organización cívica Martín Camacho señaló que la pericia que determina que no hubo manipulación de datos en las elecciones anuladas de 2019 «ha sido indebidamente recolectada» por lo que también se presentó un incidente por «actividad procesal defectuosa».
El jurista cuestionó que la Fiscalía haya obrado de forma «unilateral» para realizar una pericia efectuada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España sin que esta haya sido puesta a consideración de los denunciantes.
También mencionó que el documento que sirvió para que la Fiscalía disponga el sobreseimiento de los acusados «no tiene la característica de pericia» y no pasa de ser un informe.
Camacho aseguró que este hecho es «jurídicamente nefasto» para Bolivia puesto que va en sentido contrario a la auditoría que efectuó en 2019 la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante un acuerdo bilateral que establecía un resultado vinculante.
La madrugada del 10 de noviembre de 2019, el organismo hemisférico publicó el resultado de la auditoría que detectó irregularidades «muy graves» como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que recomendó nuevas elecciones.
El abogado también observó que la pericia presentada por la Fiscalía se contraponga a otros informes como el de una empresa que valoró la consistencia del proceso electoral a solicitud del Tribunal Supremo Electoral y que estableció la nulidad de esa elección.
También se refirió a las pericias iniciales del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), dependiente de la Fiscalía, que también iban en ese sentido.
Quienes hicieron la pericia en España «no tuvieron acceso a los servidores, no revisaron una sola acta, simplemente se les envió la prueba que el fiscal general consideró», remarcó.
El pasado martes, la Fiscalía cerró el proceso denominado «fraude electoral» tras concluir que a pesar de que «se detectaron usuarios no identificados con rol de administrador y capacidad de accesos» era «altamente improbable» que esto haya implicado una manipulación de los datos.
El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) ha considerado que con esto sale a luz la «verdad» durante la crisis que afrontó Bolivia en 2019 y que en realidad hubo un «golpe de Estado» contra el expresidente el país Evo Morales.
La oposición sostiene que la valoración de la Fiscalía es «extemporánea» y cuestionó la independencia de esta entidad al creer que se trató de un estudio «hecho a pedido» por el Gobierno.