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viernes, diciembre 3, 2021
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Comunidad Ciudadana impugna el cierre del caso por fraude electoral

El principal partido de oposición en el Parlamento, Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, objetó formalmente este miércoles la determinación de la Fiscalía de cerrar las investigaciones del caso «fraude electoral» de 2019.

Los jefes de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, y en el Senado, Andrea Barrientos, informaron a los medios en La Paz que se presentó un memorial de objeción al sobreseimiento del caso llamado «fraude electoral».

«Estamos presentando esta objeción al sobreseimiento en calidad de víctimas del fraude electoral cuando éramos candidatos en las elecciones de 2019 y sobre esa base esperamos y exigimos a la Fiscalía Departamental de La Paz que revoque esa decisión de sobreseimiento», sostuvo Alarcón.

En caso de que la objeción sea rechazada, CC prepara una acción judicial «por denegación de justicia a los millones de bolivianos que quieren que se determinen las responsabilidades jurídicas y penales» en torno al fraude electoral en 2019, agregó.

Si las acciones judiciales no prosperan y se agota la vía interna, el partido de Mesa acudirá a instancias internacionales de protección de derechos fundamentales, indicó el parlamentario, que fue viceministro de Justicia durante la Presidencia de Carlos Mesa.

La Fiscalía decidió cerrar el caso la semana pasada basándose en una pericia del proceso electoral que concluyó que «no hubo manipulación» de los resultados en los comicios anulados en 2019 a pesar de que sí se hallaron algunas deficiencias que no pusieron en riesgo la integridad de ese proceso electoral.

La pericia presentada por la Fiscalía se opone a los resultados de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que detectó irregularidades «muy graves» como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados.

Alarcón calificó de «inconstitucional» la decisión del Ministerio Público porque «se basa en un documento privado» que fue incorporado «ilegalmente» al proceso de investigación sin tener «la consistencia ni la calidad de una verdadera pericia».

La fuerza opositora Creemos, liderada por el gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció en la víspera que la Fiscalía le rechazó el derecho de impugnar el cierre del caso y denunció un «sometimiento» de la Justicia al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

La senadora de Creemos Centa Rek cuestionó que la Fiscalía desestimase el informe de la OEA y advirtió sobre una «parcialidad vergonzosa» por parte del Ministerio Público que «solamente utilizó lo que le sirve» para afirmar que no hubo fraude.

Bolivia estuvo sumida en una crisis social y política tras las elecciones de octubre de 2019, que fueron anuladas después en medio de denuncias de fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales.

Tras el informe de la OEA, que se conoció la madrugada del 10 de noviembre de 2019, Morales primero anunció nuevas elecciones y horas después dimitió a la Presidencia alegando ser víctima de un supuesto «golpe de Estado».

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