El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe sobre los sucesos de 2019, cuando en protesta por el fraude electoral hubo una movilización nacional que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, así como del Vicepresidente García Linera, y autoridades de la Asamblea Legislativa, mientras los más altos funcionarios del gobierno hicieron dejación de sus cargos, muchos se fueron del país, otros se asilaron en embajadas, dejando un vacío de poder, que podía derivar en situaciones imprevisibles. Al mismo tiempo, por las calles de El Alto y en el Chapare, grupos de gente allegada al MAS proclamaba la guerra civil, destruyendo bienes públicos y privados, quemando vehículos y perpetrando una serie de excesos. En el otro frente, grupos de oposición bloqueaban calles y avenidas en las principales ciudades, declarando una huelga general, y cometiendo también excesos.
Esos fueron los hechos, pero el informe del GIEI percibió otra realidad en la que Morales fue presionado para que renuncie. La óptica de los investigadores estableció que los grupos masistas que salieron a las calles y carreteras a bloquear, en realidad lo hicieron para defender la democracia, en contra de la huelga y porque querían trabajar y que no se perjudique la economía. El extenso informe de ocho capítulos hace importantes recomendaciones demandando que las investigaciones y la justicia cumplan las normas legales y el debido proceso, pero nada dice sobre los atropellos a los derechos humanos ni se refiere a las detenciones preventivas que se efectúan como consecuencia de los hechos de 2019 que supuestamente fueron investigados.
La representante del GIEI, Patricia Tappatá, que fue la encargada de presentar el informe, explicó que el grupo de investigación «no ingresó en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o golpe de Estado. Ni tampoco consideró las denuncias recientes referidas a la participación de otros Estados en la provisión de armas que se habrían usado para la represión del conflicto, por considerar que estos tres asuntos no son parte del mandato que recibimos», aclaró.
Según el informe se entrevistaron a más de 400 personas entre víctimas, testigos, autoridades, actores políticos y personalidades públicas, periodistas, embajadores y representantes de organizaciones sociales. Como una de las principales conclusiones del informe, se cita textualmente que «El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre».
Hace referencia a que se constató que varios manifestantes «fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Policía». Varias entidades defensoras de los derechos humanos, así como políticos de oposición, esperaban que esta investigación lograra esclarecer la verdad de los hechos. El Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) emitió un pronunciamiento en el que expresa que esperaba que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sea completo e imparcial, para iniciar procesos legales a los autores, cómplices y beneficiarios de todos los delitos y violaciones a los derechos humanos generados antes, durante y después de los comicios anulados de 2019. Conade señala como el inicio de todo el conflicto al desconocimiento de los resultados del referéndum del 21F, pues a partir de este momento tuvieron lugar una serie de eventos que provocaron e incrementaron la confrontación en el país. «Fue la acción ilegal de impulsar el referendo constitucional del 16 de febrero de 2016 y de desconocer su carácter vinculante, el que llevó a generar la polarización que vivió el país desde ese año hasta el 2019. A ello se sumó la vulneración de derechos políticos y electorales consignada en el fraude electoral del 2019 que crisparon las posiciones entre el campo ciudadano, democrático y reivindicador de la democracia y de la Constitución Política del Estado frente al MAS» se señala. En realidad, en el informe hay de todo, relatos de muchas situaciones evidentes, omisiones de hechos fundamentales, interpretaciones libres, y la eliminación de los antecedentes que motivaron las movilizaciones de la oposición.