América Latina está inmersa en un círculo vicioso alimentado por la concentración de poder, la violencia y las políticas de proteccionismo. La región está atrapada en un círculo vicioso exacerbado por la pandemia de covid-19 que produce avances muy desiguales y bajo crecimiento, revela un informe de la ONU en el que se destaca que la pandemia ha aumentado enormemente la brecha entre riqueza y pobreza extremas, al igual que la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe.
Se trata del Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, que destaca que la región se encuentra empantanada en una trampa que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los progresos conseguidos en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en las otras regiones del mundo comparables con sus niveles de desarrollo, además de que sus indicadores sociales están por debajo de lo que deberían tomando en cuenta que se trata de una región de renta media.
La publicación Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en A.L. y el Caribe asevera que el subcontinente está inmerso en un círculo vicioso alimentado por la concentración de poder, la violencia y las políticas de protección social deficientes, tres factores que se retroalimentan, explicó el director regional del PNUD para América Latina y el Caribe Luis Felipe López Calva. «El informe hace un llamado a los latinoamericanos para que comprendan la conexión entre todos estos factores y destaca un punto de entrada que puede servir para liberarse del bajo crecimiento y alta desigualdad: la implementación de sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento», abundó López Calva.
Respecto a la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados, el informe señala que la influencia política de estos individuos o grupos hacen mal uso del poder que detentan, distorsionando así las políticas públicas y debilitando las instituciones. Cita como ejemplo el papel de las élites económicas en el bloqueo a reformas fiscales que promoverían una redistribución más equitativa. En este renglón, el PNUD aboga por la implementación de medidas que regulen en cabildeo y el financiamiento de las campañas políticas.
El informe recuerda que la región es la más violenta del mundo y destaca que la violencia y la desigualdad forman un ciclo cerrado en el que la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa. La desigualdad provoca mayor violencia, pero la violencia aumenta la desigualdad porque afecta y priva desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, detalla. Además, la violencia limita el crecimiento al golpear el capital humano, la productividad y la inversión pública y privada, mientras obliga a aumentar el presupuesto para la seguridad. Para abordar este punto, la ONU recomienda fortalecer los sistemas de justicia local y la expansión de la atención en salud mental para las víctimas de violencia.
En cuanto a los sistemas de protección social, el PNUD los considera frágiles y destaca la capacidad limitada de respuesta que tuvieron durante la pandemia. Los gobiernos han creado sistemas paralelos de menor calidad para cubrir a las personas que quedan excluidas, «que en la región son la mayoría». Los mercados de trabajo de las naciones latinoamericanas y caribeñas están segmentados y tienen sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Ante esta realidad, el informe sugiere repensar la protección social para asegurar la cobertura universal.
De acuerdo con el Programa de la ONU para el Desarrollo, para salir de la trampa que frena el avance de los países de la región se deben buscar soluciones que impulsen un crecimiento ambientalmente sostenible y que propicien la inclusión y la movilidad social. Dichas soluciones -reitera el documento-, deben tener el objetivo de erradicar la violencia en todas sus formas y rediseñar la operación institucional como base del contrato social que debe garantizar, entre otras cosas, oportunidades en el mercado laboral y protección social. El informe aclara también que el restablecimiento del equilibrio fiscal debe tener en cuenta muchos factores ya que, con el actual sistema de protección social, aumentar los impuestos para financiar más gasto social no daría lugar a una prosperidad compartida y sostenible. En cambio, si los países contaran con un sistema de protección universal la región sería más equitativa y podría crecer más rápidamente.