Conflicto de poderes

Guido Pizarroso Durán

El pico más alto de contagios por Covid-19, se registraría a finales de julio en nuestro país, de acuerdo a los estudios nacionales y a proyecciones efectuadas por organismos internacionales, sin embargo, del riesgo que esta situación representa para la población, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ratificó para el 6 de septiembre la realización de los comicios. Salvador Romero, presidente de esa entidad, descartó una posible reprogramación y anticipó que, para cumplir con la ruta definida, se está trabajando en un protocolo de seguridad que garantice la salud pública. Pero el gobierno condicionó la promulgación de la convocatoria a elecciones a un estudio epidemiológico, que le pidió a la presidenta del Senado. Esta situación mantiene la incertidumbre sobre las elecciones, hecho que motivó reacciones de casi todos los frentes políticos, dejando nuevamente en evidencia la imposibilidad de los políticos bolivianos de honrar compromisos. Fernando Camacho, candidato de Creemos, le pidió a la presidenta Añez, «que no se lave las manos», dado que su fuerza estuvo de acuerdo en fijar la fecha. «No mienta presidenta ni se lave las manos. Su partido y los viejos políticos estuvieron de acuerdo en fijar fecha para elecciones. Sus intereses de candidata no le dejan ver que mientras el pueblo sufre no puede haber elecciones. ¡Se lo advertimos, alguna vez escuche!», escribió Camacho en las redes sociales.

Comunidad Ciudadana (CC), en un pronunciamiento considera que «la verdadera intención» del gobierno es «prorrogarse en el ejercicio del poder». Recuerda que el proyecto de la ley fue consensuado por dos órganos del Estado, el Electoral y el Legislativo, y que el gobierno «con su actitud provoca, con toda intención, un grave conflicto de poderes». Esa agrupación, en su pronunciamiento, acusa al Gobierno de «proteger la salud de los bolivianos hoy, tras setenta días desperdiciados en un mal manejo de la pandemia, falta de eficiencia, transparencia, coordinación y apoyo a los gobiernos departamentales y municipales».

Recordemos que la agrupación política que respalda la candidatura de Añez, Juntos, apoyo la fijación de una fecha para los comicios, en un comunicado que emitió el 1º de junio, un día antes de que el TSE propusiera el 6 de septiembre como fecha tope para los comicios. «La fecha, que sea determinada por el TSE, será acatada democráticamente por nuestra alianza», se lee en el pronunciamiento que Añez, difundió por las redes sociales. Lamentablemente, hoy se presenta una situación incierta que más allá de una fecha, pone en duda el futuro de la democracia.

Hay un evidente conflicto de poderes que se manifiesta en diferentes actitudes que coinciden en una confrontación abierta.

La Asamblea Legislativa, en su proyecto de ley sobre Estado de Excepción, invade atribuciones del (Poder) Órgano Ejecutivo. Su posición sobre la convocatoria a elecciones fue en detrimento de las prerrogativas del TSE, que tiene la facultad expresa de convocar a elecciones. Ahora, los condicionamientos que pone el Ejecutivo para los próximos comicios, van en contra del acuerdo al que llegaron dos Órganos del Estado en uso de sus atribuciones, con los representantes de las agrupaciones que intervienen en el proceso electoral. Es el conflicto de poderes más delicado que se dio en el último tiempo, aunque se han producido muchos, especialmente por los alcances de las autonomías y las competencias nacionales, departamentales y municipales.

En cuanto a los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral ha habido muchas confrontaciones en los últimos 14 años, pero eran más por «cupos» y «lealtades» cuestionadas, que por principios legales. Un escenario político y legal, embarcado en conflictos de poderes, enfrenta ya en este momento a los Órganos del Estado, que mutuamente atropellan sus competencias y atribuciones. Si persisten en privar al país de una salida legal y armónica en una situación tan difícil como la pandemia, esta situación derivará en el ámbito del Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene el control de constitucionalidad, la función interpretativa, y está entre sus atribuciones conocer y resolver «Los conflictos de competencias y atribuciones entre Órganos del poder público».