El «Encuentro Extraordinario de Corregidores del Consejo Indígena del Sur del Parque Nacional Isiboro Sécure (Conisur-Tipnis)» aclaró ayer que en ningún momento secuestraron o retuvieron a una comisión del denominado Tribunal de los Derechos de la Naturaleza que se encuentra en esa región y aseguraron que no pidieron ninguna autorización para visitar su territorio.
En un comunicado, explicaron que esa comisión omitió «la notificación y coordinación» con sus máximos dirigentes, al contrario, coordinaron su ingreso al Tipnis de manera ilegal, con una dirigencia desconocida que no representa legalmente al Tipnis y a las 64 comunidades que habitan esa región.
«De manera contundente y orgánica en este encuentro decidimos prohibir el ingreso de cualquier miembro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, activistas, periodistas, o personas ajenas a nuestro territorio Tipnis. De modo que todo ingreso al Tipnis será previa coordinación con nuestras tres subcentrales orgánicamente electas», remarca el comunicado.
El Conisur ratificó en su Encuentro Extraordinario que desconoce a los «supuestos dirigentes Marqueza Teco, Fabián Gil, Cecilia Moyoviri y cualquier persona de su directorio».
En otro párrafo, ponen en conocimiento del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza que a través de la Consulta Previa Libre e Informada, la abrogación de la Ley 180 y la promulgación de la Ley 969, las comunidades del Tipnis decidieron de forma mayoritaria la ejecución de proyectos al interior de sus comunidades.
«Por tanto, no existe vulneración de nuestros derechos como pueblos indígenas, ni de nuestro territorio por parte del gobierno nacional», puntualiza el documento.
El domingo, la comisión del Tribunal no pudo ingresar al Polígono 7, y tras más de cinco horas de estar retenidos por los colonos, sin poder avanzar o salir de la zona por el cerco realizado, fueron liberados por la intervención de un exsenador del MAS y la policía.
El denominado Tribunal de los Derechos de la Naturaleza está conformado por Shannon Biggs (Estados Unidos), Alberto Acosta (Ecuador) y Enrique Viale (Argentina), que son organizados y patrocinados por miembros de la Alianza Global Para los Derechos de la Naturaleza, como lo establece su presentación oficial en internet.
Acosta es un político ecuatoriano miembro del consejo consultivo de la ONG transnacional The Global Alliance for the Rights of Nature (the «Alliance») o Alianza Global Para los Derechos de la Naturaleza.
Al llegar a Bolivia, Acosta dijo que ese tribunal es una instancia solicitada por el presidente Evo Morales.
No obstante, el Presidente boliviano propuso a la comunidad internacional conformar un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Madre Tierra, que dependa de un organismo internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que los Estados cumplan sus compromisos internacionales para mitigar el cambio climático.