El gobierno determinó la devolución de los ahorros personales de los trabajadores que aportan a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Se trata del dinero acumulado que mensualmente se descuenta a cada empleado para contar con una jubilación cuando ya no pueda seguir prestando servicios. La ley que entró en vigencia deja bajo responsabilidad de cada persona la decisión de retirar en algunos casos todo o una parte de lo que tiene en su Cuenta Personal Previsional (CPP). Se trata de una decisión que cada empleado debería pensarlo detenidamente por las consecuencias que implica para su futuro, y también para el futuro del sistema de pensiones que se basa en un principio de solidaridad.
Varios economistas, especialistas en sistema de pensiones, matemáticos actuariales y otros han observado esta norma que tiene más riesgos que beneficios para los trabajadores. La ley establece varias opciones entre ellas la devolución parcial de hasta el 15% para los asegurados que tengan como saldo en su cuenta previsional un monto igual o menor a los 100 mil bolivianos. Otra opción permite la devolución total del 100% acumulado para aportantes mayores de 50 años de edad o más, y tengan como saldo en su CPP un monto igual o menor a 10.000 bolivianos. Los empleados que tengan en su cuenta en las AFP un monto mayor a 100 mil bolivianos, podrán retirar solamente hasta 15.000 bolivianos, aunque haya aportado una suma mucho mayor, ya que hay trabajadores que han aportado sumas que superan el millón de bolivianos.
El Ministerio de Economía recomendó a los que quieran acogerse a la Devolución Parcial o Total de Aportes, que tomen en cuenta que esta decisión puede poner en riesgo la posibilidad de beneficiarse de una pensión de vejez o pensión solidaria, y perder el acceso al seguro de salud. Es necesario comprender que si un trabajador luego quiere beneficiarse de una renta vitalicia tendrá que devolver el dinero recibido más los rendimientos que ese dinero hubiese generado en las AFP. Por otra parte, para acceder al retiro de sus aportes, los ciudadanos no deben estar percibiendo un ingreso del sector público o privado al último día calendario del mes anterior de promulgada la ley. No haber efectuado aportes desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público. No percibir un beneficio como la pensión de vejez, pensión solidaria de vejez o pensión por invalidez o muerte.
Las derivaciones del retiro de los ahorros que cada trabajador tiene deben ser analizadas personalmente, porque implican consecuencias vitales para el futuro de cada empleado que aporta a las AFP. Algunos especialistas recomendaron que cada trabajador se haga asesorar con un especialista para evaluar la magnitud de los riesgos y las consecuencias. Los ahorristas deben evaluar si se tiene una necesidad extrema antes de adoptar una decisión que evidentemente le permitiría contar con un dinero en este momento, y perder la tranquilidad de su vejez. Algunos analistas observaron la forma como se ha inducido a alguna gente a pedir la devolución de los aportes sin tomar en cuenta las consecuencias, ya que se trata de un dinero de los trabajadores que está siendo dispuesto por el gobierno como si fuese un favor y una medida social. Efectivamente habría un alto beneficio para el país, dependiendo de la cantidad de trabajadores que saquen su dinero, que podría generar un movimiento económico importante para reactivar el comercio. Nada más que eso. Y quienes se beneficiarán serán los importadores, comerciantes, contrabandistas y en menor medida los productores nacionales.
El economista y profesor universitario Gonzalo Chávez, en un artículo de prensa analizó esta norma y señala que «Desde la política se la presenta como una dádiva del Estado, pero en la práctica depende de una acción individual. El gobierno transfiere la responsabilidad de la introducción de este dinero a la economía a una decisión personal y voluntaria. Es una especie de free to choose (libertad de elegir) populista, pero con penalizaciones. En efecto, los que tengan menos de Bs 10.000 y saquen su plata, perderán el acceso a la jubilación. Los otros grupos no tendrán acceso a la salud y a la fracción solidaria. Eres libre de meterte un autogol, yo me quedo con el rédito político, pero tú saldrás perdiendo. Todas estas penalizaciones afectan a los grupos más pobres». Recuerda que hay muchos aportantes sin trabajo, sin ingresos y ciertamente, algunos pasando hambre, y Chávez pregunta si ¿es justo colocarlos en esta disyuntiva? ¿Cuánta libertad de elegir puede haber cuando alguien está con deudas, perdió el trabajo o no tiene para comer? ¿Sacar o no sacar los aportes? Chávez observa también que, «obligado por las circunstancias de pobreza o falta de empleo, al sacar sus aportes, además, el ciudadano es discriminado y penalizado perdiendo derechos sociales: jubilación, acceso a la salud y compensación solidaria».