La informalidad y el contrabando adquieren cada vez mayor dimensión y generan irreparables perjuicios al país. El ingreso la enorme diversidad de productos da una idea de la magnitud del problema y de los riesgos para la salud, la seguridad y la economía. Pese a los reclamos permanentes de los empresarios, la tolerancia hacia estas actividades irregulares se mantiene, no obstante, el daño que también sufre el Estado que pierde ingresos que podrían servir por lo menos para mejorar los hospitales y las escuelas y hasta para nivelar el déficit fiscal. Bolivia registra el más alto índice de informalidad en Sudamérica y está situada muy por encima del promedio latinoamericano.
De acuerdo con estimaciones recientes, la población ocupada en el mercado informal estaba en torno a 80 por ciento según la Fundación Milenio. En cuanto al contrabando, existen pasos fronterizos perfectamente identificados y lugares donde los contrabandistas reciben cobijo. En la frontera con Brasil hay decenas de puntos por donde se filtra el contrabando. Con Argentina son bien conocidos los lugares y los métodos, teniendo como punta de lanza a los llamados «bagayeros» que actúan sindicalmente en sus actividades. En la frontera con Perú, en el sur se trafica con productos diversos, desde plásticos hasta fruta y otros productos alimenticios, y en el norte se trafica con oro. La frontera con Paraguay es permeable al narcotráfico.
La mayor carga de contrabando viene de Chile, con más de un centenar de lugares utilizados por los contrabandistas. Según informe de autoridades, solamente el paso fronterizo entre Pisiga y Buena Vista, tiene ocho pasos de ingreso. Esta realidad ha obligado al gobierno a movilizar a las Fuerzas Armadas que identificaron 112 puntos de ingreso ilegal en 700 kilómetros de frontera de Chile con los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Esta ilícita actividad se ha incrementado como consecuencia de los altos precios que se mantienen Bolivia, y mueve cada año más de 2.000 millones de dólares y evade impuestos por valor de 400 millones de dólares, según el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempff, quien en conferencia de prensa, informó de la reunión que el directorio de la Cámara sostuvo con el general Wiliams Kaliman Romero, comandante de las Fuerzas Armadas, y su alto mando militar, en la que se analizó el tema del contrabando. Dijo que coincidieron en cifras sobre los recursos que mueve esta actividad, así como la cifra que evade por concepto de impuestos. Esta evaluación no contempla el narcotráfico, que está contaminándolo todo.
Mientras tanto, lamentablemente, en el país se comercializan medicamentos vencidos, falsificados y otros sin garantía alguna que ingresan de contrabando. Se logró desmantelar algunas organizaciones que se dedicaban a este tráfico y aún continúan las investigaciones. El daño que sufre el país es muy grande. Por una parte, el riesgo de que ingresen productos contaminados que podrían desatar crisis sanitarias, y por otra el daño económico que logra evadir las obligaciones legales que debe cumplir la empresa privada establecida, acosada por una amplia gama de obligaciones, entre ellas el pago de aranceles de importación, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones, Impuesto al Consumo Específico, Impuesto a las Utilidades, y otras cargas.
En cada ciudad de Bolivia existen uno o más «mercados negros» donde se vende todo, desde alimentos hasta artículos robados; productos de alta tecnología, electrodomésticos computadoras, vehículos y toda una gama de ropa usada y nueva. Allí nadie pide factura. Todos los intentos por frenar esta práctica han fracasado, debido a que solamente se efectúan acciones aisladas, ocasionales, que no desaniman a los contrabandistas, que algunas veces han respondido violentamente a las acciones legales de la aduana. Las propias autoridades en alguna oportunidad han denunciado que la gente de algunos pueblos fronterizos actúa en concomitancia con los contrabandistas o son parte activa de esta actividad ilícita. Varias instituciones internacionales dedicadas a los estudios económicos consideran a Bolivia como uno de los países de mayor evasión fiscal.