Las políticas de Estado deben responder a las necesidades del país, a su capacidad de cumplirlas, y a las posibilidades y medidos para que se hagan realidad. Desgraciadamente en nuestro medio la planificación parece responder más a coyunturas políticas que a estudios de justificación, porque llevan a decisiones erróneas y a contradicciones muchas veces difíciles se salvar. Es el caso de la decisión de garantizar la seguridad alimentaria y al mismo adoptar trabas, prohibiciones y amenazas a las inversiones y a la producción agropecuaria. A este paso, para nuestro país se hace más complicado alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hasta 2030, porque la situación política establece barreras que son muy difíciles de vencer, tanto por la carencia de voluntad y compromiso como por trabas legales.
Los ODS han reemplazado a los Objetivos del Milenio, que lograron algunos avances importantes, pero que podrían retroceder si se mantienen las políticas actuales. La iniciativa de los ODS pretende acabar con la pobreza, proteger al planeta y garantizar prosperidad para todos. Cada objetivo tiene metas específicas que deben cumplirse para el año 2030. Y aunque existe el compromiso del gobierno de esforzarse en estos objetivos, en los hechos no se ven acciones ni propuestas enmarcadas en esos objetivos, y en todo caso, persisten trabas y actitudes que van en sentido contrario de los ODS.
Para cumplir esas metas es necesario que el país produzca más alimentos, que logre seguridad alimenticia y al mismo tiempo proteja el medio ambiente. Difícil tarea cuando se carece de convicciones y se hace todo lo contrario. Recordemos que el sector agroindustrial nacional demandó con urgencia al Gobierno un conjunto de medidas de salvaguarda para proteger la industria nacional ante el creciente contrabando de alimentos agravado por la devaluación monetaria en los países limítrofes, y las adversas condiciones climáticas, situación que hace imposible competir.
Asimismo, en la cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” se llegaron a algunos acuerdos dirigidos a impulsar la producción nacional destinada a garantizar la soberanía alimentaria del país, para lo cual se definió ampliar las áreas de cultivo, diversificar la producción e introducir tecnología de punta junto a capitales frescos.
Aunque todavía había resistencia al empleo de transgénicos, se logró abrir la discusión del tema, y hasta el propio presidente Evo Morales se mostró partidario del debate. En Bolivia, a excepción de la soya, está prohibida por ley la producción e importación de alimentos genéticamente modificados, sin embargo la población está expuesta al consumo de productos transgénicos que ingresan al país a través de la importación o el contrabando. Este despropósito choca con elementales conceptos de racionalidad, ya que se prohíbe producir en el país pero se importa productos genéticamente modificados. Y al mismo tiempo se promueve el ingreso de transnacionales a buscar hidrocarburos en territorios protegidos y declarados como reserva nacional. La producción de orgánicos debe ser fomentada, pero el extremo de prohibir la producción de transgénicos y permitir su importación, es un contrasentido.