Bolivia se encuentra frente a una crisis múltiple que amenaza la salud y la vida de la población, la economía del país y de todo el movimiento económico financiero y también carece de la voluntad política para actuar con medidas de urgencia para precautelar los sistemas productivos, comercial y de servicios que se encuentran en grave riesgo, pese a que en catorce años de gobierno de la misma sigla por venta de gas debería contar con multimillonarias sumas para frenar el avance de la pandemia.
Las presiones sectoriales se multiplican porque durante el periodo prelectoral, obedecían las consigna de que «el coronavirus era un invento», «que la economía a una semana de gestión de un nuevo presidente (el actual) en forma milagrosa se reactivaría y habría miles de empleos, etc.», pero a la fecha han pasado dos meses y medio y el actual gobernante se ve acorralado al extremo que no es vocero de sus decisiones por lo que dirigentes del Pacto de Unidad, Choferes, campesinos, indican que Luis Arce debe dialogar, como Presidente, con la organizaciones sociales.
Las pausadas y dubitativas determinaciones del gobierno para afrontar la situación ocasionan que, a los enormes riesgos que se ciernen sobre la gente, se sume la incertidumbre e impotencia frente a la escasez de medicamentos, el colapso de los centros hospitalarios y clínicas privadas, las exorbitantes sumas que cobran las clínicas, la demora en la adquisición de vacunas, la compra de vacunas que no tienen la autorización del Organización Mundial de la Salud (OMS), y las poco transparentes gestiones. Para colmo de males, se estima que las vacunas lleguen entre marzo o abril, lo que desmiente el exministro Coimbra en su misiva personal y advierte «que las vacunas podrían ser enviadas por la India en el mes de octubre 2021», mientras en la mayoría de los países de la región comenzó la vacunación.
El país en estos momentos ha superado el más alto registro de casos diarios de COVID-19 con más de 2.500 contagios en un día.
El Índice de Alerta Temprana del Ministerio de Salud, señala que un total de 39 municipios se encuentran en categoría de Riesgo Alto, entre las que figuran las 9 capitales de departamento. Según el reporte del Ministerio de Salud, en estos municipios se deben tomar medidas de restricción más estrictas, puesto que «el contagio se encuentra desbordado».
Entre las medidas establecidas para intentar contener el rebrote epidémico están: el horario continuo, el ingreso y salida de forma escalonada al trabajo, la ampliación de la vigencia de las cédulas y licencias de conducir caducas. Delega las medidas de control y restricción a municipios y gobernaciones. El DS 4451 autoriza a los gobiernos departamentales destinar los saldos de los recursos del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito en la contratación de servicios de consultoría de profesionales y trabajadores en salud pública.
Recordemos que los centros médicos carecen de suficiente -necesario- personal, los contratos de emergencia con los médicos concluyeron, muchos profesionales están contagiados y gobernaciones y municipios carecen de recursos. Se repuso la facilidad para que los beneficiarios de la Renta Dignidad, de las Prestaciones y Beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo y del Sistema de Reparto autoricen a un familiar el cobro de su renta en las entidades financieras.
El gobierno dispuso que los entes gestores de seguridad de corto plazo, son los responsables de la vacunación de manera gratuita a su población asegurada.
En el caso de los no asegurados se determinó que las instancias encargadas de la vacunación gratuita son los «gobiernos autónomos».
Respecto al ingreso de personas a territorio nacional, se determinó un protocolo que establece que los bolivianos o extranjeros que entren al país por vía aérea, terrestre, fluvial o lacustre deben presentar el certificado de prueba RT-PCR con resultado negativo, con una vigencia anterior a la fecha programada de ingreso de tres días. Mientras tanto, Bolivia permanece entre los 10 países con mayor tasa de mortalidad en América, registrando 82,9 muertes por cada 100 mil habitantes. En tanto, la tasa de letalidad por Covid-19 alcanzó el 5,3 por ciento, según datos de organismos internacionales.
La escalada de contagios en todo el país y la dificultad de aplicar restricciones drásticas obliga, por lo menos, a llevar adelante urgentes acciones proporcionales a la actual situación, antes que sea demasiado tarde. La salud, la vida, las familias y la actividad cotidiana están en grave riesgo. A ello se suman la secuela que dejó la cuarentena pasada que hoy, aunque sea recomendable, es rechazada por gran parte de la comunidad por la experiencia de cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo y complicaciones en el abastecimiento de productos. Pero tiene que haber alternativas que las autoridades apliquen medidas como ya ha ocurrido en otros países.
Representantes vecinales de Santa Cruz, Cochabamba, exigen al gobierno proceda arrestar a quienes no porten barbijos y a quienes asisten a fiestas convocadas mediante redes sociales o WhatsApp paguen una multa para adquirir barbijos para personas que no tienen recursos económicos.