El gobierno determinó «institucionalizar» a cerca de 500 jueces transitorios en una decisión controversial que ya ha generado reacciones de juristas, académicos, instituciones de la abogacía, y políticos, que observan una intención del oficialismo de mantener la actual situación del sistema judicial, sobre el que pesan las más duras críticas y evidencias de que ha abandonado su misión de respeto a la ley y a los principios de la justicia. El ministro Iván Lima, junto a tres consejeros de la Magistratura, anunció que se convocará a un proceso para llevar adelante una convocatoria dirigida a convertir en jueces titulares a los que actualmente ocupan los cargos interinamente. «El mensaje es muy claro: la transitoriedad termina en Bolivia», aseguró Lima y explicó que «el primer paso para una reforma judicial es que el 100% de los jueces sean de carrera e institucionalizados».
Durante una conferencia de prensa el ministro hizo el anuncio junto a los miembros del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, Omar Michel y Mirtha Meneses. Molina, que preside el Consejo, informó que en sala plena se decidió proceder a la institucionalización de 489 cargos, que están en condición de transitoriedad. Dijo que será lanzada la «convocatoria interna» y que espera que hasta octubre ya no haya jueces transitorios. Los postulantes se someterán a un proceso de tres etapas: evaluación de méritos, examen de competencia y una entrevista final.
Sin duda, una de las causas de las deficiencias en el sistema judicial es el irrespeto a la carrera judicial, los nombramientos de favor, o los vínculos partidarios, pero tratándose de la urgente necesidad de una reforma del sistema judicial, lo que se está haciendo parece algo innecesario que será revocado cuando se logre el verdadero cambio que se espera. Las reacciones adversas hacia esta nueva idea del gobierno sobre la justicia encuentran coincidencia al poner en duda la voluntad para lograr la reforma del sistema judicial actual viciado por decenas de irregularidades. Lo peor es que se confirma de manera directa una de las principales observaciones que tiene que ver con la falta de independencia de la justicia. Resulta que el vocero principal del anuncio de estas decisiones del Concejo de la Magistratura fue el ministro Lima, que es miembro del otro poder del Estado, del Ejecutivo concretamente, dando pie a las susceptibilidades de que el gobierno maneja la justicia.
Por ello tampoco extrañan las observaciones que surgen al titularizar jueces sin que haya una previa reforma estructural del sistema que debe partir de un trabajo previo por el enriquecimiento ético, y profesional idóneo de la cúpula del Órgano Judicial, de manera que se brinde la certeza de que no se volverá a caer en el sometimiento político de la justicia. El anuncio ha dado lugar a que desde el grupo de Juristas Independientes se vea una intención de dar calidad de jueces titulares a gente afín al régimen gobernante. Precisamente, la necesidad de reestructurar a fondo la justicia se basa en evitar la dependencia política de la justicia, de manera que «institucionalizar» en este momento a los jueces designados dentro de la estructura desnaturalizada y sometida a un partido político, solamente profundizará la dependencia judicial. Otra de las observaciones es que la reforma debe ser integral, y lo que está haciendo el gobierno es comenzar por algo que debe venir cuando se cuente con una nueva estructura que merezca credibilidad y se haga acreedora a la confianza institucional y ciudadana. Esa nueva estructura debe ser la que instituya la carrera judicial y garantice la independencia de los jueces y magistrados en su labor de administrar justicia.
Por ahora, las evidencias sobre las irregularidades en la justicia son abrumadoras, y han contribuido al desprestigio en el campo de la seguridad jurídica, que deja al Estado con un perfil poco confiable. Las pruebas de esta situación son muchas, pero parece que al gobierno poco le importa la imagen que se proyecta, que aparece con ejemplos poco edificantes tanto en las actuaciones hacia los organismos internacionales que hicieron recomendaciones puntuales para una urgente reforma judicial, como por la forma como procede la justicia internamente. Esta imagen perjudica absolutamente toda gestión, no solo por los abusos de poder y la impunidad. Las persecuciones políticas y el odio hacia los que piensan diferente es una muestra del alejamiento de los principios democráticos que implican el respeto y la tolerancia por los derechos y deberes de todos y la igualdad ante la ley.
Como ya afirmamos antes, todo país que se dignifique, cumple sus compromisos y es fiel a la ley. Es decir, es digno de fe, (fidedigno) porque acredita o prueba su condición de responsabilidad ante sí y ante los demás. Si se analizan las diferentes exposiciones que llegan del exterior, así como las de jurisconsultos nacionales, encontramos que nuestro país está perdiendo esa condición esencial de ser confiable. Los pronunciamientos y argumentos legales de diferentes personalidades, políticos, abogados constitucionalistas e instituciones nacionales e internacionales, son coincidentes sobre la necesidad de un profundo cambio que logre dignificar a la justicia.