Bolivia está experimentando el rigor de la pandemia de coronavirus, mostrando un promedio de mil nuevos infectados por día, aproximadamente 26 mil casos confirmados, más de 800 decesos.
Según estimación de médicos con especialización en epidemiología, Bolivia con aproximadamente 11 millones de habitantes tiene el primer lugar en decesos, mientras que el Perú con más de 32 millones de habitantes, ocupa el segundo lugar, Argentina con 44 millones de habitantes, el tercer lugar, Chile con 18 millones de habitantes el cuarto lugar y Brasil con 209 millones de habitantes, el quinto lugar.
En nuestro país, las discrepancias políticas y la corrupción agravan la situación. El descontrol sanitario es evidente y los riesgos cada día mayores.
Mientras los médicos, policías y militares, tienen sensibles bajas en su arriesgada labor de protección, con más de 800 infectados, las autoridades no salen de sus contradicciones, inercia e indolencia ni rectifican sus equivocaciones que derivaron en hechos de corrupción con recursos destinados a combatir la pandemia. Los servidores públicos, ministros, viceministros, consideran que «la cuarentena cumplió con su objetivo de aplanar la curva epidemiológica», pero los números hacen dudar, ya que la realidad se la muestra en cifras que no contemplan la totalidad de casos, además, según información de galenos, las acciones adoptadas para enfrentar el avance del coronavirus son insuficientes, las salas de terapia intensiva están en colapso, se está trabajando con la capacidad máxima que ya resulta agotadora a médicos, enfermeras y paramédicos.
Existen seis laboratorios funcionando y diariamente se procesan cerca de 2 mil pruebas para todo el país. Los laboratorios operan al máximo de su capacidad, no pueden cubrir todos los requerimientos, y hay por lo menos unas mil pruebas en espera. Se anunció que se instalan otros tres laboratorios en Santa Cruz, Oruro y Potosí. Los seis nuevos laboratorios que se anunciaron para las ciudades de La Paz y El Alto quedaron en nada.
El ministro de Obras Públicas Iván Arias y la actual ministra de Salud, en vez de criticar las acciones que adopta la Gobernación de La Paz para con las provincias, deberían dotar de equipos de bioseguridad a los cantones, ayllus, particularmente la de salud instruir que médicos, enfermeras, paramédicos, coadyuven la labor de quienes están atendiendo la pandemia sin los elementos de bioseguridad ni equipos de acción inmediatas para el tratamiento, como ser respiradores, habilitación de hospitales de emergencia, para atender a los campesinos y sus familiares. En un panorama tan complicado debiera considerarse que la solidaridad y comprensión deben ser el norte que guíe a la gente, cooperando a las Gobernaciones para atención en las provincias respecto al COVID-19
Sin duda el pueblo boliviano en general y las provincias de todas las gobernaciones en particular, resultan ser víctimas del desquiciamiento político e institucional que conspira contra la vida, la salud y el futuro, mientras las autoridades llamadas por Ley a proteger a la sociedad, están enfrascadas en intereses políticos partidarios.