La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) declaró ayer «non gratos» a los Gobiernos de Brasil y Bolivia y pidió que se les sancione por el «genocidio y ecocidio» que, dicen, han permitido sus líderes en esa selva suramericana, ahora asediada por varios incendios forestales.
Además, la Coica, que agrupa a organizaciones indígenas amazónicas de Bolivia, Brasil, Colombia Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam, pidió a la comunidad internacional ayuda urgente para la Amazonía y condenó los intereses económicos que dice están detrás de los incendios.
En una carta abierta de esta organización difundida en Quito, declaró en «emergencia ambiental y humanitaria» a la Amazonía y advirtió del «riesgo de extinción» de más de 506 pueblos indígenas que habitan en la cuenca, así como de «miles de especies de flora y fauna».
Según la Coica, son 73.408 focos de incendio los que han «incinerado más de 700.000 hectáreas de bosques, después de casi 18 días de desatención» por parte de los gobiernos.
Asimismo, aseguró que, «según los datos preliminares, hay más de 100.000 indígenas damnificados» por los incendios, de lo que responsabilizó a los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Bolivia, Evo Morales.
Para la organización, es evidente la «incapacidad y falta de voluntad» de los dos Gobiernos «para proteger a los pueblos indígenas y a la biodiversidad, ante los incendios forestales en la Chiquitanía boliviana, en Santa Cruz de la Sierra, y los Estados de Acre, Rondina, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, en Brasil».
Por ello, aseguran que «los pueblos indígenas ante un genocidio a los ojos del mundo» hacen «responsables a los Gobiernos de Jair Bolsonaro y Evo Morales por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural» en la Amazonía.
«Por lo tanto, sancionamos, condenamos y declaramos a estos gobiernos No gratos para la Cuenca amazónica», precisa el manifiesto de la organización.
Asimismo, hizo un llamamiento «a toda la humanidad para actuar inmediatamente en contra de las acciones que, de manera criminal, engendraron diferentes causas de esta tragedia sin precedentes, en un momento en que la estabilidad climática se encuentra en riesgo».
Respaldó a las filiales de la Coica en Bolivia que han recriminado al Gobierno de Morales por permitir el desastre ambiental mediante la aplicación de una «agenda económica contraria a la razón e irrespetuosa a los derechos fundamentales indígenas y de la humanidad misma».
También a su filial de Brasil por la «lucha contra las visiones y acciones políticas, económicas, administrativas y procedimentales del gobierno brasileño que vulneran permanentemente los derechos fundamentales indígenas y de la humanidad».
Solicitó a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas que «se pronuncien sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas por parte de la comunidad internacional para atender la emergencia y para formular medidas de carácter internacional para prevenirlas en el futuro».
Urgió a las entidades de la cooperación internacional a atender las necesidades básicas de los pueblos afectados y que se inicien de manera inmediata «las medidas de restauración de la biodiversidad afectada».
«El equilibrio de la Madre Tierra depende de la cuenca amazónica, permitir la devastación de la misma implica el exterminio de la humanidad», alertó la Coica en su declaración.