En su plan de evitar nuevos aplazamientos, la ALP decidió que las elecciones se efectúen dentro de 90 días y los partidos tendrán 45 días para reanudar sus campañas hasta la fecha de la elección.
Como no hay vacuna contra los nacionalismos y fundamentalismos, el MAS presionó porque quiere ganar tiempo antes de que la Ley 421, que dispuso una distribución ilegal y arbitraria de circunscripciones, pueda ser abrogada por otra ley, rectificado por el TCP cuya decisión está pendiente de resolución, e incluso, por el Ejecutivo con un Decreto. Saben que, si no se enmienda esa Ley, el MAS con solamente 30% de votos, puede alcanzar mayoría en ambas cámaras legislativas, lo que tendría un fuerte peso decisor.
Por el momento existe una desafección ciudadana por la política, el coronavirus marca el ritmo y pospone el juego electoral, cambia prioridades y la reanudación de las campañas está condicionada a la evolución de la tasa de riesgo de contagio y a la capacidad de control de nuestro deficiente sistema de salud ante un eventual rebrote de la epidemia.
Si bien la dimensión de la crisis sanitaria y económica obliga a disponer cuanto antes de un Parlamento constituido y de un Gobierno en plenitud de funciones, antes de fijar plazos, el TSE debe consultar con los consejeros epidemiológicos y concertar con el Ejecutivo y los partidos políticos la gestión de los costos sociales de un confinamiento parcial, pues permanece el temor pandémico y la confusión.
Al no existir «laboratorios» para tomar ejemplos sobre cómo proceder, se deben cumplir algunos parámetros previos de sentido común: lo primero, enfrentar el desafío organizacional con una adecuada coordinación sanitaria electoral para eliminar el temor de los electores a los espacios públicos aglomerados, para lo cual se debe diseñar un Protocolo Medico, proveer guantes, mascarillas, desinfección de recintos, control de temperatura por personal médico a la llegada a los puntos de votación, instalar tomas de agua para que votantes se laven sus manos y garantizar distanciamiento de seguridad, además de montar mesas y horarios especiales para las personas en cuarentena. El riesgo es la abstención por miedo al contagio.
Los partidos están obligados a cambiar de estrategia, las campañas puerta a puerta, los mítines, viajes y cercanía con los electores se verán anulados. La solución puede ser la tecno política en las áreas urbanas.
En un contexto de incertidumbre como el actual, los votantes indecisos tenderán a preferir mantener el statu quo. Esta tendencia a la estabilidad y el pragmatismo contra el coronavirus puede favorecer al oficialismo. Sera interpretada como un referéndum a la gestión de la crisis de la presidenta.
Veremos si la calidad de gestión contra la pandemia del coronavirus que afecta a la vida y salud pública o el impacto de la economía que se agudiza por la baja del precio del petróleo y de los minerales, primara en la preferencia electoral si se llevara a efecto este año.