Entre las peores barreras para que nuestro país salga de la situación de rezago que lo mantiene entre los más pobres de la región, figuran, sin duda, la corrupción y la mala administración, ya que ni habiendo contado en los últimos 15 años con ingresos nunca antes logrados gracias al gas natural y a los altos precios del petróleo, los minerales y las materias primas, hoy aparece más endeudado que nunca, sin recursos y frente a un preocupante futuro. Precisamente el mal manejo de la función pública y la deficiente responsabilidad funcionaria, dan lugar a que las arcas del Estado queden abiertas al abuso y la ilegalidad, apanados por una justicia politizada que fomenta la impunidad.
No es trivial la calificación que se le asigna a Bolivia en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que en la última presentación de Transparencia Internacional, ubica a Bolivia en el puesto 126 entre 180 países, con una puntuación de 31 sobre 100. TI explica que cero es la peor calificación. Este Índice mide la percepción de cuán corrupto es el sector público de cada país, de acuerdo con expertos y personas dedicadas a la actividad económica. No extrañaría a nadie que el puntaje asignado a nuestro país baje en el próximo estudio, luego de los últimos escándalos de corrupción y la reiterada denuncia de supuestos hechos sospechosos. El último caso, derivó en la renuncia del ministro de Medio Ambiente y Agua, acosado por denuncias dentro de un proceso de presuntas coimas que involucran a funcionarios, recaudadores, testaferros y familiares que compraron aproximadamente 30 inmuebles, entre ellos tres haciendas. La principal denunciante de este caso resulta ser la recaudadora de los dineros ilícitos. De acuerdo a publicaciones de prensa, la supuesta recaudadora detalló que en junio de 2022 se enteró de las compras que venía haciendo el ministró a través de terceros. Indicó que no podía seguir callando estos hechos y pidió garantías para ella y su familia, debido a que recibe amenazas de muerte. Considera que ella y otros funcionarios fueron utilizados por el exministro. Según su versión, cuenta con audios, mensajes de texto, documentos de compra y venta, depósitos bancarios en diferentes cuentas, que demuestran todas estas denuncias. La Fiscalía activó un proceso penal por este caso por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. Ya hay varios detenidos como parte de la investigación.
La renuncia del ministro de Medio Ambiente y Agua, se suma a otros tres casos de altos funcionarios del gabinete del presidente Luis Arce que dejaron el cargo durante los dos años y medio de gestión del actual gobierno. Antes renunciaron, entre 2020 y 2021, un ministro de Educación, por denuncias de irregularidades en el proceso de titularización; el ministro de Desarrollo Productivo, y un ministro de Desarrollo Rural, a quien el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó ocho años de cárcel. Pero, además, el presidente Arce mantiene a la mayoría de su gabinete con el que comenzó su gestión, pese a reiteradas denuncias contra varios de sus colaboradores. Lo extraño es que las denuncias no provienen de la oposición, sino del seno del mismo partido de gobierno que llevó al poder a Arce, y entre los que más acusaciones efectúan, figura el expresidente Evo Morales, que pidió el cambio de por lo menos otros cuatro ministros.
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que prepara una denuncia «letal» que involucra a hijos y familiares de autoridades de Gobierno y cree que la gente se levantará con este escándalo. Asimismo, un grupo de militantes y legisladores del MAS, presentaron al Ministerio Público, una denuncia contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y quienes resultaren responsables por la presunta compra de combustibles con sobreprecios, que calculan llega a 700 millones de dólares.
Entre otros casos que impactaron a la opinión pública, quedan la denuncia de coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que aún no se esclarece. Había un testigo protegido que murió en EEUU, pero dejó un video en el que detalla el cobro de sobornos a una empresa china por la construcción de una carretera. A nadie extraña ya que, en todos los casos, se cierne la sombra de la impunidad, cobijada por un sistema judicial que ya no tiene lugar en la vida institucional del país.