Una corte negó este martes un recurso de protección a la privacidad que presentó la defensa del gobernador opositor Luis Fernando Camacho, detenido por la crisis de 2019, por la exhibición de fotografías suyas que hizo un ministro mientras recibía tratamiento médico en el penal en el que está recluido.
En declaraciones a los medios, el abogado Juan Carlos Camacho manifestó que la acción legal presentada «ha sido denegada» bajo el argumento de que el pedido debía hacerse «con anterioridad» a una autoridad siguiendo un orden jerárquico y no directamente a una corte constitucional.
El jurista explicó que la razón obedeció a «la forma en que se publicó» la fotografía y que fue algo «tan masivo» que la defensa optó por aplicar la acción ante una corte.
El jurista mencionó que «más allá de lo que se haya dictado» en esta jornada, el caso sienta un «precedente» para que «ninguna autoridad» en lo futuro tome fotografías sin autorización de algún ciudadano y las exhiba públicamente, como lo hizo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Del Castillo fue quien mostró las fotografías de Camacho en una rueda de prensa el pasado 4 de enero, en la que justificó su encarcelamiento y aseguró que el opositor recibió las condiciones para que se trate en prisión unas enfermedades que padece y que afectan a su sistema inmune y vasos sanguíneos.
A parte del ministro, el recurso jurídico de protección a la privacidad del gobernador de Santa Cruz estuvo también dirigido al gobernador del penal de Chonchocoro, ubicado en el altiplano en el departamento de La Paz, y al director de Régimen Penitenciario.
Por su parte, Martín Camacho, también abogado del gobernador cruceño, aseveró que el fallo es «en primera instancia» y que aún queda esperar la decisión del Tribunal Constitucional en relación a si «confirma o se revoca» la resolución de la corte de La Paz.
El gobernador Camacho fue detenido el pasado 28 de diciembre en un cuestionado operativo policial y luego fue trasladado a La Paz donde un juez dispuso su detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por cuatro meses.
El opositor es investigado por el delito de terrorismo dentro del caso denominado «golpe de Estado I» relacionado con la crisis política y social de 2019, aunque la acusación se amplió a cohecho activo y seducción de tropas, que es la usurpación de mando político o militar.
El oficialismo señala que en 2019 se produjo un «golpe de Estado» en contra del entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en la renuncia del mandatario fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.