La situación política y social parece agravarse en lugar de encontrar mecanismos de entendimiento que hagan posible pacificar al país, ya que las protestas en defensa del Estado de derecho y la libertad de los detenidos políticos podrían ampliarse -si se acatan las convocatorias a movilizaciones para hoy en varias ciudades- según anuncio de los comités cívicos; mientras, el gobierno continúa apresando a manifestantes y ahora anunció que investigará a los financiadores de las movilizaciones, de acuerdo a declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien señaló, además, que se han presentado más denuncias contra el gobernador Luis Fernando Camacho y otros que participaron en los hechos de 2019, para ampliar el caso «Golpe I» con nuevos presuntos delitos.
El ministro Del Castillo, dijo que en Santa Cruz hubo una movilización irregular de grupos delincuenciales para buscar la impunidad de tan solo una persona que ha confesado la comisión de tres tipos penales, no solo en los movimientos financieros, sino para promover coimas. «Estos grupos irregulares han destruido 28 infraestructuras tanto públicas y como privadas. Las 85 personas que han sido aprehendidas en flagrancia fueron encontradas al interior de un banco, del Servicio de Impuestos Nacionales y al interior de la Fiscalía o en inmediaciones donde se cometían delitos», manifestó. Explicó que de los 85 aprehendidos, 26 ya tienen sentencias, 24 con detención preventiva y 35 fueron beneficiados con medidas sustitutivas. «No podemos tolerar que se siga movilizando gente para destruir el patrimonio de los bolivianos», manifestó. Añadió que se están investigando a quienes serían los financiadores o los autores intelectuales de estas quemas, y que el Ministerio Público ha emitido los requerimientos correspondientes a las empresas telefónicas para ver la geolocalización de los autores.
De acuerdo a la información que proporcionó, desde el 7 de diciembre de 2020 hasta la actualidad, se han aportado una serie de elementos sobre movimientos financieros entre el padre, la hermana de Camacho y su amigo personal Miguel Ángel Navarro que está siendo investigado por la compra, supuestamente, con sobreprecio, de un carro bombero, y por haber asumido el cargo de gobernador cuando debía asumir el vicegobernador según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Reveló que el 12 de noviembre de 2019, Camacho hizo dos depósitos a la cuenta del excomandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) general (Jorge Gonzalo) Terceros que está siendo investigado también por otros hechos.
Entre tanto, el Comité Cívico Pro Santa Cruz confirmó la realización de una protesta para hoy, 10 de enero, en los nueve departamentos denominada la «Gran marcha por la democracia, la libertad y la justicia». El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Coordinadora por la Libertad también se movilizarán. Los cívicos piden la liberación de los presos políticos, entre ellos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Recordemos que ya el 4 de enero, los cívicos decidieron movilizarse en los nueve departamentos. En esa oportunidad, los cívicos determinaron, en una reunión en Santa Cruz, exigir que de manera inmediata se restaure el Estado de derecho y garanticen los derechos constitucionales de todos los bolivianos.
Los representantes cívicos respaldaron a Santa Cruz en su movilización y bloqueo de carreteras en protesta por la aprehensión del gobernador Camacho. Asimismo, rechazaron la realización de nuevas elecciones para magistrados, previstas para octubre de 2023, porque consideran que en las actuales condiciones, una nueva elección mantendrá la parcialización de la justicia con el Gobierno.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) también ratificó la realización de una marcha de protesta, que se replicará en el resto de los ocho departamentos, por la libertad, democracia y justicia, informó la presidenta de la entidad cívica, Roxana Graz. «Comcipo, de acuerdo al mandato de la reunión de comités cívicos nacional, ratificado en directorio ampliado de activar acciones y con coordinación con el comité de movilizaciones, «se convoca a todas las instituciones y el pueblo en general a acatar la gran marcha por la libertad, justicia y democracia», según la convocatoria. En casi todos los departamentos se anunciaron movilizaciones. En la sede de gobierno se organizan protestas zonales, para evitar enfrentamientos con los grupos de choque que apoyan al gobierno.