Una serie de hechos y situaciones están colocando al pueblo boliviano ante una disyuntiva. Se está insuflando la tolerancia a las transgresiones legales y de esta manera mitigar la resistencia al irrespeto a la voluntad ciudadana, al desaparecer las garantías constitucionales y promover la destrucción de la institucionalidad. La crisis que confronta en este momento el Órgano Electoral con la renuncia de algunos vocales titulares deja al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en manos de gente presuntamente incondicional a la actual administración gubernamental.
Ahora la crisis interna del TSE se profundiza con la renuncia de la vocal Dunia Sandoval, que se suma al alejamiento Katia Uriona, en octubre del año pasado, la designación de vocales proclives al oficialismo y el cambio de los funcionarios que operaban el padrón electoral y la base de datos para los procesos electorales.
La renuncia de la vocal Sandoval pone en evidencia una serie de irregularidades que ahondan la desconfianza que ya existe en el Órgano Electoral. Esta desconfianza se traduce en el pedido de políticos y dirigentes de organizaciones cívicas y sociales para que renuncien todos los vocales, y se designe a otras, que garanticen elecciones libres, transparentes y confiables, resguardadas por veedores de organismos internacionales, que garanticen el respeto a la voluntad de los ciudadanos, reflejada en las urnas.
Analistas y activistas señalan que, al igual que ocurrió en 1991, se debe refundar el TSE con la designación de vocales «notables», para que de esa forma se «devuelva al país la confianza y seguridad» en los procesos electorales.
«De aquella Corte de notables sólo queda el remedo. Vemos que sólo creció la manipulación y obsecuencia en favor del partido de Gobierno; por ello, es importante volver a tener un TSE de notables», señala analistas. Aseguran que en la eventual selección de vocales destacados deben participar representantes de la OEA y ONU.
La habilitación del binomio oficialista «era absolutamente previsible» y, por ello, «cualquier batalla legal en contra de los vocales será absolutamente estéril», debido a que el partido de Gobierno, al tener más de dos tercios en la Asamblea Legislativa, «implementa cualquier norma a su medida y en tiempo récord», sostienen.
Esta cruda realidad no ha sido comprendida en su real magnitud por los líderes políticos de la oposición. La oposición no ha sido capaz de ofrecer alternativas viables, y ha sucumbido a las ambiciones personales, regionales y sectoriales, cargadas de los fracasos y desaciertos del pasado. Sus propuestas despiden emanaciones rancias, desgastadas por los abusos del siglo pasado.
Esta oposición se enfrascó en las luchas regionales y las mezquindades sectoriales.