El análisis especializado de la situación legal institucional del país está «entre dicho» al haberse evidenciado irregularidades que fracturan el ordenamiento legal. En todos los argumentos se coincide en exponer transgresiones legales de diversa índole que –según las apreciaciones de los autores-, inducen a la nulidad tanto de los comicios del 20 de octubre pasado como de las actuaciones de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, situación que pone al país en una de las mayores crisis de legitimidad.
Uno de los constitucionalistas que además de exponer fundamentos legales hace un análisis de las consecuencias jurídicas que derivan de las irregularidades electorales es Williams Herrera Áñez, autor de publicaciones de Derecho Procesal, Penal y Derecho Constitucional; presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Herrera Áñez considera que la planificación del fraude comenzó, con la abusiva habilitación para las elecciones primarias y de ahí a las elecciones generales de Evo Morales y Álvaro García Linera. El Órgano Electoral además desconoció el 21F, y así había cumplido el primer paso para llegar al objetivo central: manipular los resultados y proclamar ganador al binomio ilegal e inconstitucional. A la manipulación de los votos hay que agregar que la cuarta habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera, supuso una ruptura del sistema constitucional y una amenaza directa a la democracia boliviana. En realidad, todo el proceso electoral está contaminado y ha sido prostituido, al extremo que habilitaron candidatos que no pasaron por el filtro de las elecciones primarias.
El analista político, Iván Arias, considera que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones presidenciales de Bolivia puede determinar una segunda vuelta en caso de hallarse sólo irregularidades o una nueva elección si se evidencia fraude electoral. Gonzalo Rodríguez Amurrio, abogado y exdirigente obrero, observa que en medio de la crisis de legitimidad, el régimen apostó lo más rápido que pudo por el cierre del proceso electoral, con la consiguiente publicación oficial de resultados finales a favor del partido de gobierno y la proclamación del binomio ganador, pero si bien ello en la formalidad inmediata alejó el fantasma que representa para el oficialismo la segunda vuelta, no llevó a la resignación a la ciudadanía movilizada, sino más bien a que ésta adecue sus pedidos, volcando sus exigencias hacia la nulidad del proceso electoral, la renuncia de los actuales gobernantes y de las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional, en tanto responsables de la forma fraudulenta en que el régimen pretende afianzar su cuestionada re-re elección.
Estos argumentos se ven reforzados por la misión de observadores de la OEA, que fue clara en su posición exponiendo las irregularidades. Que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya advertido –después de iniciada la auditoría de la OEA- que por «ningún motivo» se puede anular las elecciones es algo que no le sorprende a Manuel Gonzáles, jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) que acompañó en los comicios e recomendó una segunda vuelta en Bolivia. Gonzáles, que fue entrevistado en el programa Conclusiones de CNN, dijo que «el cambio de criterio del Órgano Electoral, no coincide con el análisis de que esto (la auditoría) sea vinculante», dijo el jefe de la MOE. Para Gonzáles ya no es extraño el cambio de opinión de los vocales «es parte de lo que ha minado su credibilidad, en unas ocasiones dice una cosa y luego revierte esa decisión».
La afirmación del TSE pone en duda el acuerdo que el Gobierno firmó con la OEA, de que los resultados de la auditoría son vinculantes. Es decir, que el informe de los más de 30 técnicos que forman parte del equipo podría indicar una segunda vuelta o anulación de las elecciones, pero la posición del Órgano Electoral ya ha sido anticipada. Estos y otros antecedentes ofrecen cada vez más elementos que provocan mayor desconfianza ya no solamente en los funcionarios que administraron el proceso electoral, sino en el gobierno que en realidad es el que genera las directivas para el Órgano Electoral.