2020 será recordado por ser el año en el que desparecieron los Derechos Humanos, las prerrogativas ciudadanas y libertades, así como por una mayor torsión de la justicia.
En ese escenario Bolivia tuvo un protagonismo particular por la crueldad política, el dogmatismo insensible, la incapacidad funcionaria, la falta de previsiones y la corrupción que no duda en aprovecharse hasta de las tragedias.
Una de las causas ha sido la pandemia que obligó a restricciones nunca antes soportadas por ningún pueblo, y que desgraciadamente se hicieron obligatorias, y para colmo de males necesarias en algunos casos, induciendo a presionar a la gente para que permanezca en sus hogares, deje de trabajar, estudiar y producir, mientras los políticos indolentes se aprovecharon de la situación para sus fines sectarios.
Se acaba la gestión y se tiene que reconocer que en el balance de los derechos humanos se ha perdido esencia, y se ha retrocedido varias décadas.
Esta realidad es preocupante porque involucra el respeto a las prerrogativas que las Leyes otorgan a los ciudadanos, como los derechos a la salud y la educación, el incumplimiento de las normas, la distorsión de la justicia, y entre otras debilidades el atropello a las libertades y a la democracia, que tanto dolor y luto ha costado defender al pueblo boliviano. Un hecho claro e insoslayable de todo lo malo que ocurrió es que gran parte de las desgracias tienen su origen en los hechos políticos de 2019, que tuvieron un epílogo vergonzoso con la fuga de los principales dirigentes del Movimiento al Socialismo, que dejaron al país sin gobierno y con una riesgosa ausencia de autoridad y poder.
El coronavirus destapó las falencias en el sistema de salud -que no eran secreto para nadie- que durante los últimos años fueron denunciadas por la población en general, los universitarios y especialmente por los médicos y los trabajadores de salud pública, reclamando insistentemente mejores condiciones de trabajo, medios para atender a los enfermos, recursos para cubrir las necesidades, pero lejos de escuchar el clamor, se descalificó las demandas, se reprimió a los médicos, y se politizó el conflicto, utilizando la salud para hacer una campaña política partidaria demagógica creando un seguro universal de salud sin ningún respaldo financiero.
Ese era el Estado a fines de 2019. Y en esas condiciones, este año llegó la pandemia de COVID-19 y los hospitales colapsaron por los contagios que pasan de los 144 mil enfermos, y que derivaron en 8.963 muertes. El gobierno de transición se vio sin recursos, reclamó el aumento del presupuesto para el sector hasta un 10% del Presupuesto General del Estado, pero la Asamblea Legislativa negó el planteamiento y bloqueó los créditos internacionales destinados a combatir al coronavirus. No conformes con esos extremos, agitadores se dieron a la tarea de amedrentar a la población amenazando con «guerra civil», bloqueando las carreteras, impidiendo el normal suministro de alimentos a las ciudades y hasta impidiendo que el oxígeno pueda llegar a los centros médicos.
Son varios los informes nacionales e internacionales que observan el deterioro de los derechos humanos en nuestro país. Mientras tanto, se ha producido un debilitamiento del proceso democrático y se cuestiona la preparación de los comicios para gobernadores y alcaldes. La Asamblea Legislativa perdió la poca consideración que tenía, mientras la justicia se enloda cada vez más, hasta el extremo que los propios beneficiarios de la justicia la quieren desterrar.
En el gobierno de transición la corrupción se mostró impávida utilizando la pandemia para sacar provecho con sobreprecios de respiradores y otros equipos para atender a los enfermos. Nuevamente los medios de comunicación independientes sufrieron las consecuencias de la confrontación política y de las secuelas de la pandemia, de manera que varios periódicos, algún canal de televisión y radioemisora quedaron en difíciles condiciones para sobrevivir. A ello se suma la intolerancia hacia la opinión crítica, y el debilitamiento de la independencia de las instituciones del Estado.
Otro de los problemas graves para los derechos humanos en Bolivia, continúa siendo la violencia estructural, que está golpeando cada vez con más dureza a las niñas, a las mujeres, y a los niños y adolescentes. Los feminicidios pasaron este año de un centenar y se registraron por lo menos 50 infanticidios, dejando a nuestro país como uno de los que registra mayor violencia hacia la mujer.
Todos estos hechos vuelven a mostrar, este año, que en Bolivia se está acelerando el deterioro de las garantías individuales y colectivas, y la lasitud de instituciones fundamentales, como la justicia, debilitan la defensa de los derechos humanos y afectan al desarrollo del mismo proceso democrático que el pueblo recupero con mucho sacrificio hace 38 años.