El Gobierno alista Decretos para indultar a 1500 «perseguidos» y procesados por el Gobierno de Añez, pero confunde los términos, indultar implica el perdón de la pena y la mayoría de los 1500 aún no tienen sentencia ejecutoriada.
Correspondería en todo caso que el Presidente, con la potestad conferida por la Constitución, Decrete amnistía con la aprobación de la ALP, lo que significa el perdón de los delitos políticos cometidos y sin que se exija sentencia firme.
El objetivo del mal llamado indulto, es favorecer a personas por su identificación ideológica política y que están investigadas, imputadas, acusadas o condenadas, como autores o partícipes de delitos claramente comunes y no políticos. No busca promover la reconciliación entre los bolivianos porque excluye de manera revanchista y deliberada a los miembros de las FFAA y de la policía involucrados en la misma «causa generalizada» y los mismos hechos, hoy víctimas del prejuicio de culpabilidad.
El «carácter discrecional» de la concesión de medidas de gracia por parte del Gobierno, no legaliza la arbitrariedad ni su desviación de poder, porque constituye una contumaz deslegitimación de la actuación jurisdiccional, ya que alega condición de políticos «perseguidos» a unos y segrega a los otros.
Al respecto, el DS. 4078 exime a las FFAA de responsabilidad penal en el cumplimiento de los operativos para la pacificación del país, las que son actuaciones extraordinarias, preventivas y temporales, asociadas a un estado de conmoción social.
No son delitos comunes los que se eximen, porque el Estado, como monopolizador de la coacción y la fuerza, tiene el derecho de ejercer el poder cuando está en peligro, en estricta voluntad legítima de garantizar el fin superior: la convivencia democrática y el mantenimiento de la paz interna.
La concesión de las medidas de gracia debe otorgarse también a los miembros de las FFAA y de la Policía, porque su actuación no consistió en un deliberado y planificado ataque al núcleo esencial del Estado democrático; solo cumplieron, con la obediencia debida, la orden de restablecer el orden y el Estado de Derecho en una situación social conflictiva en la que se excedió el derecho a la protesta pacífica y en la que ambas partes hicieron uso de la violencia.
La obediencia debida es causal de justificación y eximente del delito que elimina la responsabilidad y, por lo tanto, la sanción por la comisión de un ilícito recae en quien da la orden en origen y no en quien la cumple. Por esto, el poder político que emitió las órdenes y quien las reiterara en el futuro, no puede excluirse de procesos, refugiarse en la impunidad y esconderse en su cobardía.
Este deplorable sistema de discriminación que decide «juzgamientos selectivos», adolece de falta de equidad y justicia igualitaria y no garantiza la convivencia democrática futura y la paz social, con la que todos estamos comprometidos.
(*) Dr. DAEN. Abogado Constitucionalista