La Policía, como institución, debe ser preservada. Las irregularidades son perpetradas por personas, y como tales deben ser juzgadas. Pero más allá del grave y lamentable deterioro de la imagen de la Policía, existe el deber del Gobierno de cumplir con sus altas responsabilidades y el mandato de la Constitución Política del Estado, para preservar a la institución del orden sin la intromisión política. Los extremos que se revelan en un audio atribuido a jefes policiales desnaturalizan la misión de la Institución.
El comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, admitió la existencia de labores de monitoreo que realiza esa institución en las redes sociales, pero denunció que el audio que circula fue editado con el objetivo de afectar su gestión y a la Policía Boliviana. Admitió que esa institución hace un seguimiento, y que esta labor tiene fines investigativos y de combatir la desinformación y el cibercrimen.
Pero el audio que se filtró de una exposición de los jefes policiales al gobierno revela que más allá de una labor de investigación enmarcada en los fines de esta institución, parece que se ha producido un extravío en su labor específica, asumiendo funciones de una policía política al servicio del gobierno, que en la coyuntura actual eleccionaria, trasciende a actuar a favor de un partido político.
En el audio se revela que la oficina de monitoreo trabaja en «líneas de información y desinformación” relacionadas con personalidades, políticos y periodistas. Uno de los expositores afirma que en esa labor generan información contraria a una determinada situación, e incluso crean material multimedia. Añade que ese mecanismo se empleó en el conflicto entre la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la policía en abril pasado. También se escucha hablar en el audio de «neutralizar” a los usuarios influyentes de las redes sociales, y se cita a periodistas a los que se los califica «de derecha». Se señala que estas acciones son parte de una política institucional y de protección del gobierno
La inseguridad en la que vive la ciudadanía se origina en varios factores, pero uno de los principales tiene que ver con la institución del orden que lejos de cumplir la misión que le encomienda la Constitución Política del Estado (CPE) y la ley Orgánica, dedica sus esfuerzos y los bienes del Estado a fines alejados de sus responsabilidades, como es la persecución política y la desinformación.
Se supone que los policías son los buenos, y los criminales son los malos. La ley confiere a la Policía la misión de defender a la sociedad y garantizar el cumplimiento de las leyes, pero algunos de sus miembros han decidido pasarse a la otra vereda. Tanto la CPE como la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, definen la misión de la institución del orden, como un organismo protector y de servicio de la comunidad y las instituciones.
El Artículo 1º de la referida Ley Orgánica, señala que la Policía Boliviana es una Institución del Estado que cumple una función de servicio público, esencialmente preventiva y de auxilio, que fundada en los valores de Seguridad, Paz y Justicia, coadyuva a preservar el ordenamiento Jurídico del país, para asegurar el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad.
La misión de la Policía Boliviana es garantizar el orden público, defender a la sociedad, y velar por el cumplimiento de las leyes. Entre otras, son atribuciones de la Policía Boliviana, las siguientes: a) Conservar el Orden Público. b) Coadyuvar a preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las personas por la CPE, así como el patrimonio público y privado. Como se ve, en los principios básicos que marcan el rol de la institución se la ubica en la antípoda del delito y las transgresiones. ¿Pero en los hechos, que es lo que ocurre?
Contrariamente a las funciones específicas, la comunidad nacional recibe noticias sobre miembros de la policía impregnados en la corrupción, en el delito o en la complicidad con el crimen.