Bolivia asumió una serie de responsabilidades emergentes del Acuerdo de París sobre el medioambiente, comprometiéndose a cumplir una serie de metas junto a los firmantes del documento, lamentablemente, algunos países están muy lejos de honrar esos compromisos, entre ellos también Bolivia. En el Acuerdo de París los países firmantes se comprometieron a mejorar sus planes de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero para fines del próximo año. Las emisiones globales de dióxido de carbono deben llegar a un tope máximo y comenzar a bajar para 2020. Desgraciadamente todo hace suponer que no se logrará esta meta inicial acordada para mitigar los efectos del daño irreversible que se ha perpetrado contra el planeta.
Los investigadores sostienen que solamente si se cumplen los compromisos podrá mantenerse el aumento de temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados, el límite necesario para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático, según el IPCC que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Pero los incumplimientos de los gobiernos, lejos de garantizar ese límite seguro, conducirán a un incremento de 3 grados para fin de siglo. Los planes de los gobiernos suelen estipularse en marcos temporales de 5 o 10 años. Y por ello, si se quiere lograr la reducción de 45% en las emisiones globales para 2030 será necesario que los compromisos estén sobre la mesa para fin de 2020.
Bolivia asumió esos y otros compromisos, entre ellos en diciembre de 2015, se comprometió a terminar con la deforestación ilegal para el 2020, pero la realidad la vemos con preocupación y el país está lejos de cumplir esa meta. En 2017, el Gobierno aprobó la ley de «Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques» que permitió la regularización de las deforestaciones ilegales cometidas entre 1996 y 2012. Con ella, se habilitaron cerca de cinco millones de hectáreas que beneficiaron a más de 20.000 productores agrícolas y pecuarios del país. Los ambientalistas criticaron esta determinación y la calificaron como un «perdonazo» a los destructores de la naturaleza.
Por otra parte, el ataque a las reservas nacionales continúa, así como costumbres depredadoras, sin que se haga algo para remediar esta situación, contrariamente, se anuncian proyectos para entregar a las trasnacionales petroleras varios parques naturales nacionales. Recordemos que solamente el 17 % del territorio boliviano está declarado bajo alguna categoría de área protegida. Son reservas que generan una rica biodiversidad. Lamentablemente, todas las áreas protegidas han sido afectadas de diversa forma. Las reservas naturales más vulneradas son el Madidi, el Noel Kempff Mercado, Amboró, y el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los asentamientos humanos, los incendios forestales y la caza y pesca comerciales provocan graves daños a la flora y la fauna. A ello se suma el ingreso a las zonas de las petroleras en busca de hidrocarburos.
Inclusive las ciudades y poblaciones intermedias se ven afectadas por las quemas e incendios forestales que ocasionan manos irresponsables. Santa Cruz es el departamento más afectado. Los municipios chiquitanos de San Ignacio de Velasco, El Carmen Rivero Tórrez, San José, San Miguel y Pailón, además de Charagua, de la provincia Cordillera, de acuerdo a informes, concentran en estos momentos la mayor cantidad de focos de quema en el departamento, según datos del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif).
Estas quemas, atizadas por los fuertes vientos, la sequía y el ascenso de las temperaturas, ponen en riesgo extremo de incendios forestales al 46% del departamento, según Satif. Hasta el momento, se registraron 81 focos de quema, totalizando 2.596 desde el mes de julio. En el informe el Ministerio de Medio Ambiente correspondiente a julio, se tiene un registro de más de 17 mil 400 focos de calor en todo el país, siendo la región cruceña la que tiene más puntos ígneos, con un total de10.603 quemas. Es necesario un cambio de actitud en el país, tanto de autoridades gubernamentales, locales y departamentales, como de toda la ciudadanía, ya que se observa una contemplación pasiva de la forma como se afecta a la Madre Tierra, se depredan los bosques y se daña el medioambiente, frente a normas legales que se incumplen y compromisos que se vulneran.