Debilidad en la vigencia de los derechos humanos

Guido Pizarroso Durán (*)

Las violaciones a los derechos humanos, limitaciones a los derechos civiles y las arbitrariedades del sistema judicial, son factores que sufre el pueblo boliviano desde hace años y que persisten. La admisión de culpa, las excusas y promesas de rectificación han sido frecuentes, pero la situación no cambia, y la represión política judicializada se ha convertido en rutina.

Son varios los informes internacionales y las investigaciones que llegaron a las mismas conclusiones. El resumen ejecutivo de uno de los últimos informes de la CIDH, es claro y contundente, y entre las cuestiones importantes se incluyen: «informes de tortura por parte de funcionarios del gobierno; condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales; detención arbitraria; graves problemas relacionados con la independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión, de prensa y otros medios, incluida la violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del estado y la censura; interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación; corrupción en todos los niveles de gobierno; trata de personas con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado; delitos relacionados con la violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales; y uso del trabajo infantil. El grado al cual estos abusos ocurrieron bajo las administraciones de Morales y Áñez».

Al presentarse nuevamente este tipo de arbitrariedades, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH Bolivia) pidió que en el país prevalezca el «respeto y la tolerancia» ante los hechos de violencia reportados en los últimos días. Mediante un comunicado señala que «En el Día Internacional para la Tolerancia, la Misión llama al respeto y la compresión mutua, la concordia, la supresión del odio, el combate a la discriminación y la defensa del pluralismo para favorecer la reconciliación y el respeto a los derechos humanos en Bolivia». Agrega que «La Misión rechaza los recientes incidentes de violencia, hostilidad e intolerancia que se han presentado en oficinas, espacios públicos y redes sociales en contra de servidores públicos, ex autoridades, periodistas, activistas de derechos humanos y algunos actores políticos».

Recordemos que desde que el MAS volvió al poder se produjeron excesos atribuidos a su militancia que ocupó oficinas de cocaleros disidentes; se pidió el retiro de los servidores públicos que trabajaron con el anterior Gobierno, catalogándolos de «pititas». Hubo agresiones a algunas ex autoridades, como fue el caso de Rafael Quispe, amenazas a periodistas, apresamiento del abogado del Comité Cívico de Santa Cruz, persecución a ex funcionarios del gobierno de transición y otros hechos.

El gobierno de Luis Arce niega relación con estos hechos, inclusive el nuevo Ministro de Justicia, Iván Lima aseguró que el Gobierno garantiza la independencia de los Órganos del Estado, principalmente el del Poder Judicial. Recordó que el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal establece que la justicia debe ser imparcial e independiente y por ningún motivo personal, natural o jurídico interferirá en la sustanciación de un proceso concreto, y en cumplimiento a esa disposición, el gobierno respetará la independencia de poderes del Estado.

Sin embargo, inmediatamente afirmó que, con el objetivo de respetar la independencia, se comunicó con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Egüez a quien le trasmitió la voluntad del gobierno de construir la independencia judicial mediante un diálogo y coordinado entre las instituciones”. Aclaró que «si vamos a trabajar y coordinar con el Órgano Judicial es para mejorar la justicia, la carrera judicial, recursos e infraestructura para los bolivianos y esta justicia deje de ser un motivo de preocupación para el pueblo boliviano», añadió, según ABI.

Ninguno de los poderes del Estado requiere permiso de otro poder para aplicar sus atribuciones y ejercer su independencia. Esta nueva versión del gobierno, que inclusive puede ser considerada como de buenas intenciones, lleva el sello del paternalismo basado en una supuesta supremacía que le da derecho a ceder indulgencias. Se olvida que la Constitución Política determina que la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación y coordinación de los Órganos, por lo tanto, merecen respeto. Coordinación y cooperación son atributos compartidos y que no pueden ser impuestos por un Órgano a otro. Frente a estas recurrentes situaciones, es oportuno recordar y comprender mejor el significado del concepto que señala, que la única sumisión aceptable, es al imperio de la Ley.

(*) Expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.