Las violaciones a los derechos humanos, limitaciones a los derechos civiles y las arbitrariedades del sistema judicial, son factores que sufre el pueblo boliviano desde hace aƱos y que persisten. La admisiĆ³n de culpa, las excusas y promesas de rectificaciĆ³n han sido frecuentes, pero la situaciĆ³n no cambia, y la represiĆ³n polĆtica judicializada se ha convertido en rutina.
Son varios los informes internacionales y las investigaciones que llegaron a las mismas conclusiones. El resumen ejecutivo de uno de los Ćŗltimos informes de la CIDH, es claro y contundente, y entre las cuestiones importantes se incluyen: Ā«informes de tortura por parte de funcionarios del gobierno; condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales; detenciĆ³n arbitraria; graves problemas relacionados con la independencia judicial; restricciones a la libertad de expresiĆ³n, de prensa y otros medios, incluida la violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del estado y la censura; interferencia sustancial con los derechos de reuniĆ³n pacĆfica y libertad de asociaciĆ³n; corrupciĆ³n en todos los niveles de gobierno; trata de personas con fines de explotaciĆ³n sexual comercial y trabajo forzado; delitos relacionados con la violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgĆ©nero e intersexuales; y uso del trabajo infantil. El grado al cual estos abusos ocurrieron bajo las administraciones de Morales y ĆƱezĀ».
Al presentarse nuevamente este tipo de arbitrariedades, la MisiĆ³n en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH Bolivia) pidiĆ³ que en el paĆs prevalezca el Ā«respeto y la toleranciaĀ» ante los hechos de violencia reportados en los Ćŗltimos dĆas. Mediante un comunicado seƱala que Ā«En el DĆa Internacional para la Tolerancia, la MisiĆ³n llama al respeto y la compresiĆ³n mutua, la concordia, la supresiĆ³n del odio, el combate a la discriminaciĆ³n y la defensa del pluralismo para favorecer la reconciliaciĆ³n y el respeto a los derechos humanos en BoliviaĀ». Agrega que Ā«La MisiĆ³n rechaza los recientes incidentes de violencia, hostilidad e intolerancia que se han presentado en oficinas, espacios pĆŗblicos y redes sociales en contra de servidores pĆŗblicos, ex autoridades, periodistas, activistas de derechos humanos y algunos actores polĆticosĀ».
Recordemos que desde que el MAS volviĆ³ al poder se produjeron excesos atribuidos a su militancia que ocupĆ³ oficinas de cocaleros disidentes; se pidiĆ³ el retiro de los servidores pĆŗblicos que trabajaron con el anterior Gobierno, catalogĆ”ndolos de Ā«pititasĀ». Hubo agresiones a algunas ex autoridades, como fue el caso de Rafael Quispe, amenazas a periodistas, apresamiento del abogado del ComitĆ© CĆvico de Santa Cruz, persecuciĆ³n a ex funcionarios del gobierno de transiciĆ³n y otros hechos.
El gobierno de Luis Arce niega relaciĆ³n con estos hechos, inclusive el nuevo Ministro de Justicia, IvĆ”n Lima asegurĆ³ que el Gobierno garantiza la independencia de los Ćrganos del Estado, principalmente el del Poder Judicial. RecordĆ³ que el artĆculo 3 del CĆ³digo de Procedimiento Penal establece que la justicia debe ser imparcial e independiente y por ningĆŗn motivo personal, natural o jurĆdico interferirĆ” en la sustanciaciĆ³n de un proceso concreto, y en cumplimiento a esa disposiciĆ³n, el gobierno respetarĆ” la independencia de poderes del Estado.
Sin embargo, inmediatamente afirmĆ³ que, con el objetivo de respetar la independencia, se comunicĆ³ con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis EgĆ¼ez a quien le trasmitiĆ³ la voluntad del gobierno de construir la independencia judicial mediante un diĆ”logo y coordinado entre las institucionesā. AclarĆ³ que Ā«si vamos a trabajar y coordinar con el Ćrgano Judicial es para mejorar la justicia, la carrera judicial, recursos e infraestructura para los bolivianos y esta justicia deje de ser un motivo de preocupaciĆ³n para el pueblo bolivianoĀ», aƱadiĆ³, segĆŗn ABI.
Ninguno de los poderes del Estado requiere permiso de otro poder para aplicar sus atribuciones y ejercer su independencia. Esta nueva versiĆ³n del gobierno, que inclusive puede ser considerada como de buenas intenciones, lleva el sello del paternalismo basado en una supuesta supremacĆa que le da derecho a ceder indulgencias. Se olvida que la ConstituciĆ³n PolĆtica determina que la organizaciĆ³n del Estado estĆ” fundamentada en la independencia, separaciĆ³n y coordinaciĆ³n de los Ćrganos, por lo tanto, merecen respeto. CoordinaciĆ³n y cooperaciĆ³n son atributos compartidos y que no pueden ser impuestos por un Ćrgano a otro. Frente a estas recurrentes situaciones, es oportuno recordar y comprender mejor el significado del concepto que seƱala, que la Ćŗnica sumisiĆ³n aceptable, es al imperio de la Ley.
(*) Expresidente de la AsociaciĆ³n de Periodistas de La Paz.